Ambos sindicatos han hecho un “llamamiento” a los marcos del Diálogo Social Provincial, en Ayuntamiento de Ávila y Diputación, para “activar de manera urgente las mesas locales”. De esta manera pretenden “ir proyectando medidas que sirvan de complemento necesario a las ya acordadas en otros ámbitos”.

Ambos sindicatos valoran “positivamente” las medidas administrativas complementarias de este primer acuerdo, que se suman a las ya activadas por el Gobierno central para “frenar el coronavirus”. Sus “beneficiarios directos volverán a ser las personas trabajadoras, empresas y familias de la Comunidad”, según UGT y CCOO. 

En consonancia con este bloque de medidas complementarias de choque en el Diálogo Social Autonómico, “el reto número uno” sigue siendo “preservar la salud y evitar la pérdida de vidas humanas”.

“Lo primero es la lucha contra la expansión del coronavirus, pero también, en un segundo término, debemos hacer frente al problema económico que sufren los ciudadanos con la paralización de la actividad, para en un futuro sentarse a negociar un plan de reconstrucción que nos ayude a reconducir la situación”, han sostenido las dos organizaciones sindicales.

En este contexto, han demandado tanto a los trabajadores y a los empresarios, sobre todo, que “no jueguen con la salud de la gente”. “Pedimos a la patronal que hagan protocolos severos de prevención de riesgos en las empresas, porque hay actividades que deben seguir abiertas para garantizar los servicios básicos que necesita la sociedad para intentar poner freno a esta pandemia por el coronavirus”, han argumentado.

Medidas estrella

El acuerdo contempla “como medida estrella”, las ayudas para complementar salarios a las empresas de menos de 250 personas trabajadores que presenten ERTEs, lo que podría beneficiar a unas 75.000 personas en la comunidad.

El complemento salarial para los trabajadores y las trabajadoras de estos centros de trabajo estará entre 210 y 300 euros mensuales. Asimismo, se contempla el apoyo dentro de los itinerarios del PIE (subsidio autonómico), del 80% del IPREM, que asciende a 430 euros mensuales, para aquellos desempleados sin derecho a subsidio, y también para empleadas del hogar con empleo los últimos seis meses y trabajadores por cuenta propia.

En primer lugar, hay un paquete de medidas de protección y mantenimiento del empleo dividas en dos partes. Por un lado, medidas de protección, ayudas a las personas trabajadoras y a personas desempleadas, y por otro, medidas de fomento del empleo para las personas autónomas y las empresas. Este paquete se desglosa en ayudas para el fomento de la contratación, y ayudas a las personas trabajadores autónomos.

En segundo lugar, hay otro bloque de medidas en materia de prevención de riesgos laborales y en tercer lugar, se ha acordado un compendio de medidas de carácter financiero, servicios y medidas de refuerzo para la actividad empresarial afectada por el Covid-19. Finalmente, se ha pactado un conjunto de medidas de protección social muy relevantes en el seno de la dependencia.

Control de residencias

En este sentido, los sindicatos han pedido “un mayor control e inspección de todo lo que ocurre en las residencias de la tercera edad”, sin olvidar al servicio de ayuda a domicilio. 

En ambos casos, han exigido “garantizar al máximo la seguridad en el desempeño de su cometido a las personas trabajadoras de estas actividades, con los EPI necesarios”, al mismo tiempo que “propiciar los servicios de teleasistencia avanzada y la asistencia telefónica para las personas dependientes”.

En el ámbito de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), han reiterado a las instituciones que “deben poner en marcha algún mecanismo para que estas personas puedan acceder a estas ayudas en un momento en los que los centros administrativos están cerrados al público”. Todo ello, sin olvidar que “hay que hacer una revisión de esta renta para adecuarla a la nueva realidad que se genere tras la pandemia”.