El fallo del Supremo se conoce en plena polémica entre ecologistas, partidos políticos y asociaciones ganaderas, después de que varias instituciones, como la Diputación de Ávila y diferentes ayuntamientos de la provincia, hayan aprobado en pleno mociones que declaran a la provincia de Ávila ‘libre de lobos’.

Fue la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León la que recurrió el Plan de Conservación y Gestión del Lobo auspiciado por la Consejería de Medio Ambiente al entender que, permitiendo la caza de ejemplares en toda la Comunidad autónoma, contravenía la legislación europea y estatal, que de manera específica protege las poblaciones de lobos en territorios situados al sur del Duero, donde se encuentra la provincia de Ávila.

Los ecologistas ganaron el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Junta de Castilla y León presentó ante el Tribunal Supremo el correspondiente recurso, que ahora ha sido desestimado.

En concreto, quedan anulados los artículos 4 c), 8, 14 y 19 del citado plan porque hacen referencia al aprovechamiento cinegético del lobo sin distinguir entre el norte y el sur del río Duero, vulnerando la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 de Conservación de Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La normativa europea define a las poblaciones de lobo situadas en el sur del Duero como especie animal “de interés comunitario” para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación, mientras la normativa española indica que la caza no puede afectar "en ningún caso" a las especies protegidas por la Unión Europea.

De este modo, según la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, las poblaciones de lobos “gozan de una específica e intensa protección” y su caza en el sur del Duero debe quedar prohibida.