En su intervención en el Senado -este miércoles- con motivo de la presentación del informe de la gestión de la Defensora del Pueblo en 2012, ha reivindicado la puesta en marcha de un “mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo” después de que las recomendaciones de la Defensora del Pueblo hayan sido ignoradas por el Gobierno.

El real decreto aprobado el 22 de marzo “confirma que el Gobierno ha abandonado a su suerte a estos ahorradores, en su mayoría engañados”, ya que “ni se ajusta a lo que en su día anunció el Gobierno, prometiendo medidas que garantizaran a la recuperación de buena parte de lo invertido, ni a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo”.

“El texto aprobado aplica el canje y la quita a la totalidad de los titulares, sin tener en cuenta quien ha podido ser engañado y quien no, además de aplicar unos recortes desorbitados que oscilan entre el 38 y el 61 por ciento de pérdidas, que abocan a la imposible recuperación de invertido por los ahorradores”.

En el caso de los inversores de Bankia, entre los que se encuentran los antiguos clientes de Caja de Ávila, “lo perderán prácticamente todo, en tanto el precio de sus acciones ha quedado fijado en torno a un céntimo”, según el senador.