En Ávila, el presidente de la Audiencia Provincial, Javier García Encinar, ha convocado a todos los colectivos del sector para anunciarles la “suspensión de todos los actos y plazos procesales desde el día de la fecha hasta el 25 de marzo”.

“Los órganos judiciales no cierran sino que se mantienen operativos para resolver asuntos urgentes, proteger a las víctimas y evitar la vulneración de derechos fundamentales”, se ha indicado.

Esto supone “la suspensión de todos los actos, vistas y actuaciones judiciales que el ciudadano o los profesionales tuvieran que desarrollar ante los órganos judiciales salvo aquellos que tengan un carácter preferente y urgente según las leyes de enjuiciamiento, tanto civil como procesal, criminal y jurisdicción contencioso-administrativa o laboral”. También “la suspensión de los plazos procesales que se otorgan a las partes en los procedimientos judiciales para presentar escritos o interponer recursos”.

Se ha referido a “actos inaplazables”, como asistencia de detenidos, ingresos en prisión, puestas en libertad, asistencia a víctimas de violencia de género o internamientos urgentes en hospitales siquiátricos, que serán “atendidos con plena normalidad”.

Sin paralización

Esto “no supone ni el cierre ni la paralización total de los órganos judiciales, que seguirán estando operativos para garantizar los derechos de los justiciables”. Se seguirán practicando aquellas actuaciones judiciales que de no hacerse pudieran causar perjuicios irreparables, y “en general se seguirá dando respuesta a los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes, aquellos cuyo aplazamiento impediría o haría muy gravosa la obtención de la tutela judicial reclamada”.

El Registro Civil permanecerá en funcionamiento, en el que se incluyen los matrimonios, según ha indicado el presidente de la Audiencia Provincial, que ha resaltado como ante la actual “incertidumbre” los ciudadanos deben mantener “la serenidad” porque sus “necesidades perentorias” están atendidas.

A la reunión han acudido jueces, fiscales, letrados, abogados, procuradores, Junta de Personal, funcionarios y el Instituto de Medicina Legal

Juzgados de incapacidades
Se atenderán los internamientos urgentes de personas con trastornos mentales que tienen que ser ingresadas de manera forzosa en centros especializados. Además, los juzgados seguirán atendiendo las solicitudes medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como las medidas de protección de menores del artículo 158 CC. 4.  

Registros civiles
Los distintos registros seguirán emitiendo las licencias de enterramiento, autorización preceptiva para poder dar sepultura a los fallecidos; así como la celebración de matrimonios e inscripciones de nacimiento en plazo perentorio.  

Juzgados de guardia.
Los juzgados de guardia estarán abiertos para resolver sobre la libertad o prisión de los detenidos y otras decisiones inaplazables como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros en inmuebles en donde se sospeche que se está cometiendo un delito. Igualmente, se practicará cualquier actuación en causas en las que haya personas presas o detenidas.   

Violencia sobre la mujer
Los juzgados de violencia sobre la mujer, exclusivos o no, mantendrán su actividad para resolver la solicitud de órdenes de protección o adoptar cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores. 

Vigilancia Penitencia
En lo relativo a vigilancia penitenciaria, los juzgados atenderán actuaciones urgentes. 

Contencioso-administrativo
Se continuarán emitiendo las autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables y resolviendo cuestiones de derechos fundamentales cuya resolución tenga carácter urgente así como medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contencioso electorales. 

Social
En el orden social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes.