Del Sábado, 06 de Diciembre de 2025 al Lunes, 08 de Diciembre de 2025
Mario Ayuso, Sonsoles Sánchez-Reyes y Miguel Encinar, durante la rueda de prensa.El PP vuelve a la carga con la ordenanza 21, cuya modificación el 5 de febrero supone que diversos colectivos sin ánimo de lucro, tengan que pagar por el préstamo y alquiler de útiles. Los populares están a la espera de un informe técnico sobre si dicha modificación se hizo de manera correcta o no.
La portavoz municipal, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha vuelto a insistir en su petición al equipo de Gobierno de que “impulse la modificación” de la ordenanza modificada, para que “se vuelva” al espíritu de la del año 2019, de manera que “deje sin efecto” a la actual.
Sánchez-Reyes ha reproducido sus críticas de las últimas semanas y del pleno del mes de febrero calificando de injusta y de “un churro” la redacción de la ordenanza, incluso “desde el punto de vista gramatical”.
Además, desde su punto de vista, la modificación realizada tras la aprobación de las Ordenanzas Fiscales de este año por el pleno, resulta “sustancial”, habiéndose “hurtado un procedimiento reglamentario” al principal órgano de gobierno.
No obstante, y desde el respeto a los informes técnicos, la portavoz de los populares ha desvelado que en la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 18 de febrero, su grupo solicitó un informe técnico, con el objetivo de clarificar que la modificación de la famosa ordenanza 21 se había realizado “correctamente” y que el cambio en la redacción responde a “un error material”.
Desde su punto de vista, se trata de “una modificación sustancial” de la norma, si bien ha insistido en que su grupo respetará lo que determinen los técnicos de la casa.
Al ser preguntada si su grupo acudiría a los juzgados en el caso de que no se tratara de un error material, Sonsoles Sánchez-Reyes ha contestado: “Desde luego, si no fuera un error material, es decir, que fuera una modificación sustancial, exigiríamos, como no podía caber de otra manera, que se siguiera el procedimiento reglamentario, claro. “Es que se habría hurtado un procedimiento reglamentario, que tiene que ser. Eso no hace falta ni decirlo, evidentemente, así lo haremos”.
Derechos de imagen
No obstante, ha reiterado que, con independencia de este informe, el gobierno municipal “siempre puede impulsar, en cualquier momento, una modificación de la ordenanza, para volver a la parte que había en 2019”, para que las entidades sin ánimo de lucro incluidas en la lista de quienes deben abonar esta tasa, “no sean sujetos pasivos de la misma”.
Además, echando mano de la ironía, la portavoz ha sugerido que dichas entidades soliciten al equipo de gobierno “derechos de imagen” cuando se quieran hacer una foto con los miembros de estos colectivos, con el objetivo de “rentabilizar” esos colectivos a los que en su opinión “ponen trabas”.
Por otra parte, y tras mostrar que los ingresos presupuestados con la aplicación de esta tasa de “prestación y alquiler de útiles” a entidades sin ánimo de lucro ascienden a 8.000 euros, Sánchez-Reyes, ha vinculado la desaparición este año de la Carrera Solidaria con esta nueva tasa.
Asimismo, tras las declaraciones del alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, vinculando el cobro de la tasa a la necesidad de dinero para arreglar los baches de las calles y las aceras, Sánchez-Reyes ha preguntado si en este caso va a suceder lo mismo que con el incremento del 8,6% del IBI, que tras prometer destinar su totalidad (1,5 millones de euros) a inversiones, finalmente lo que figura en los presupuestos es que solo serán 500.000 euros.
Tres preguntas
“¿Cuántos baches y aceras se van a poder arreglar con esos 8.000 euros?”; ha planteado la portavoz popular, antes de plantear una alternativa para recaudar la misma cantidad.
Se trata de que los siete liberados del equipo de Gobierno no se suban el 2% de su sueldo, al no ser funcionarios, tal y como “permite la ley”. Según sus cálculos, ese incremento supone un desembolso mensual al Consistorio de “500 euros más un tercio de la Seguridad Social”. Esa cantidad, multiplicada por los 12 meses del año suma los 8.000 euros que se pretende recaudar con la modificación de la ordenanza 21.
Finalmente, ha insistido en solicitar la reversión de esta decisión, al mismo tiempo que ha criticado al regidor por señalar que los operarios municipales, si se dedican a la colocación de los útiles municipales, no tienen tiempo para el arreglo de las calles, mientras que si ese trabajo es pagado por las asociaciones sí disponen del mismo.
“De sabios es rectificar”, ha indicado Sánchez-Reyes, para reiterar su petición al equipo de gobierno de que retorne al espíritu que la ordenanza tenía en 2019.





Exvotante | Miércoles, 04 de Marzo de 2020 a las 12:19:10 horas
a los liberados les pagan una pasta, pero los 1.900 de la portavoz del PP no lo cobra la media de los abulenses tampoco.
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