El ministerio público ha solicitado esta pena para la farmacéutica M.P.H. y el informático J.J.A. como supuestos autores de dos delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa, cometidos en el año 2015.

Las perjudicadas entre los meses de junio y diciembre de 2015 han sido dos farmacias de la capital abulense, que se han personado como acusación particular en este juicio en el que se han sumado a la petición de la fiscalía.

Esta operación fue descubierta hace casi cinco años, a partir de una receta de Pencet, un opiáceo prescrito a una paciente que ha testificado este lunes en la Audiencia Provincial, junto a varios testigos vinculados al mundo farmacéutico.

Rebaja de la pena inicial

En sus conclusiones, el teniente fiscal de la Fiscalía Provincial de Ávila, Javier Rojo, ha tenido que rebajar de siete a tres años la pena solicitada en un principio para la farmacéutica, al haberse demostrado que "no ostentaba la condición de funcionario público".

Junto a la solicitud de tres años de prisión, el ministerio público ha pedido una multa para los dos acusados de diez meses, con una cuota diaria de 12 euros, así como la inhabilitación por el tiempo de la condena para M.P.H.

Por su parte, las defensas de las dos farmacias abulenses perjudicadas tras la sustracción de las 89 recetas, valoradas en unos 5.600 euros, se han sumado a la petición del fiscal; sin embargo, mientras una de ellas reclama los 1.448 euros de las recetas sustraídas, la otra solicita 15.000 euros por la parte proporcional de esas 89 facturas, así como de otra cantidad cuyo destino no ha podido ser demostrado.

En sus conclusiones, la defensa de la farmacéutica acusada, tras agradecer la modificación realizada por el fiscal, ha reclamado la absolución de su defendida, teniendo en cuenta que “nunca ha tenido conocimiento de esta actuación”. “Ella no las ha facturado”, ha apuntado el abogado defensor, antes de señalar que confiaba “plenamente” en el otro acusado.

Para la defensa, buena parte de lo dicho durante los dos días de juicio (la primera sesión fue el lunes 17) en torno a la estrecha relación de ambos a través de cuentas corrientes conjuntas y otras cuestiones, son "conjeturas, presunciones e hipótesis". Eso sí, ha señalado que la única ‘culpa’ de su defendida en este caso es la responsabilidad “in vigilando”.

Pido perdón

El otro acusado, J.J.A., tras haber reconocido la semana pasado los hechos, ha tomado la palabra al finalizar la sesión diciendo: “Pido perdón por lo que haya podido causar”.

Estas palabras se producen después de haberse reconocido culpable por los hechos, consistentes en la sustracción de las recetas de las dos farmacias de Ávila para las que trabajaba como informático.

La representante legal de Logisfarma, empresa dedicada a la mejora en la gestión de las farmacias, ha lamentado haber sido llamada a formar parte del juicio "alegremente", haciendo referencia únicamente a los 5.766 euros, correspondientes al importe de las 89 facturas "indebidamente cobradas" en su día.

Auténtica sociedad para la gestión

En las conclusiones, el fiscal ha afirmado que entre los dos acusados existía "una auténtica sociedad para la gestión de la farmacia" situada en la calle Serrano de Madrid y en la que se facturaron 89 recetas procedentes de Ávila.

Una vez repasadas las cuentas corrientes que ambos compartían, el fiscal ha sostenido que el acusado, además de informático, era "contable y realizaba gestiones" para la farmacia, ubicada en un inmueble del que era "propietario y arrendatario" desde el año 2006.

Este dato había sido obviado al principio de la investigación, junto a otras cuestiones, de ahí que para el fiscal su confesión no pueda ser considerada como atenuante, ya que cuando se produjo, todo lo que contó "había sido averiguado por la investigación".

Para el fiscal, los dos acusados cometieron "un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito continuado de estafa en concurso medial", que es como se denomina al hecho de "cometer un delito para cometer otro".