Una ley para reforzar a las entidades del tercer sector, que son 328 en Ávila

El tercer sector, que cuenta con 328 entidades en Ávila, es el conjunto de entidades, asociaciones y fundaciones que, no siendo ni públicas ni teniendo ánimo de lucro, se ocupan de realizar proyectos de acción social o defender intereses de colectivos de cualquier tipo. Con la futura ley la Junta “pretende reconocer su labor, establecer un marco jurídico común y añadir como valor trabajar en red en Castilla y León”.

El anteproyecto que elabora la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades establece un marco jurídico común para las 3.000 entidades de Castilla y León, para “impulsar la cooperación y colaboración entre ellas, y también con el sector público, promoviendo su participación e interlocución”.

En la provincia de Ávila, las 328 entidades ofrecen diferentes servicios en áreas relacionadas principalmente con las personas mayores, las personas con discapacidad, la inclusión social o la protección a la infancia.

Cinco capítulos

El anteproyecto de ley se compone de cinco capítulos. En el primero, se define lo que son las entidades del tercer sector social y establece la creación de un censo de organizaciones. El segundo, establece la finalidad de la intervención del tercer sector, que se concreta en promover la inclusión social. El tercer capítulo, aborda la participación y la interlocución social y regula el derecho de participación de las entidades en las políticas públicas de las Administraciones de Castilla y León.

El cuarto capítulo se dedica a la promoción del tercer sector social en Castilla y León y lo hace planteando la elaboración de un 'Plan Estratégico para el impulso y promoción de Tercer Sector'. En el quinto capítulo se hace referencia a las obligaciones en lo que respecta al personal laboral y sus condiciones de trabajo.

El anteproyecto también modifica la Ley del Voluntariado, ya que promueve y facilita la participación solidaria de la ciudadanía en actuaciones de voluntariado, realizadas a través de las distintas entidades y adapta la norma vigente a las nuevas formas de voluntariado que han surgido a la realidad social de la comunidad autónoma.