Por eso, han criticado que la Junta presuma de quitar un impuesto pero oculte que habrá que pagar el IRPF, de ahí que aconsejen a quienes estén planteándose donar que se informen bien antes de dar el paso.

Mientras el déficit se dispara en la Comunidad Autónoma, con una necesidad de financiación de casi el 0,9% del PIB frente al 0,1% que fija el objetivo de estabilidad para 2019, el Gobierno de Fernández Mañueco “ha decidido quitar impuestos a los más ricos”, según los parlamentarios, que cifran en el entorno de los 180 millones de euros la cantidad que dejará de ingresar la Administración regional para beneficiar únicamente a unas 800 familias.

La consecuencia de “eliminar impuestos a los que más tienen” será “privar de derechos a los que menos tienen, puesto que el descenso de la recaudación en las arcas autonómicas conllevará recortes en servicios básicos y esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Junto a ello, han indicado que la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones no exonera a los donantes de tributar con Hacienda. Ponen como ejemplo que, en la donación de una vivienda, que no sea la habitual, de un padre a un hijo, si bien el hijo quedará exento del impuesto de donaciones, el padre sí tendrá que pagar el impuesto de incremento patrimonial con Hacienda. 

De este modo, si se dona un piso que se adquirió por 100.000 euros y al donarlo vale 160.000, el donante estará obligado a tributar por un incremento patrimonial de 60.000 euros, lo que representa un pago a Hacienda de 12.500 euros.