El Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid abrió las diligencias previas 765/2019 en mayo del año pasado tras recibir otras diligencias procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Ávila, que se iniciaron por un atestado de la Guardia Civil, sobre 313 vehículos todoterreno forestales enajenados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

El juzgado investiga la posible comisión de los delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, con participación directa de empresas y particulares, que habrían sido beneficiados por la adquisición de un número importante de vehículos por entre 600 y 800 euros, cuando su precio en el mercado de segunda mano es de aproximadamente 9.000 euros.

Hasta el momento, no hay nadie citado como investigado, ya que se ha empezado a analizar la información obtenida en la Consejería de Fomento tras la petición de información solicitada por el juzgado y que se ha llevado a cabo de modo personal por la Policía Judicial de la Guardia Civil para garantizar la cadena de custodia.
 

El Juzgado investiga si se ordenó, aunque no se sabe todavía quién, la división de lotes de coches por provincias para evitar que su valor superase los 30.000 euros, en lugar de acudir al procedimiento de subasta pública, como hubiera sido preceptivo, con el fin de evitar ese procedimiento.
 

Cada delegación territorial habría vendido o enajenado sus vehículos por venta directa en desguaces con baja temporal no definitiva, según la investigación. Las cantidades por las que habrían sido vendidos los coches serían de entre 600 y 800 euros cada uno.
 

Algunos vehículos, de los 103 destinados en principio a destrucción directa, han sido detectados circulando de nuevo. Otros 63 coches han sido transmitidos a empresas y 147 continúan bajo titularidad de la Junta de Castilla y León. 

Según la investigación realizada por la Guardia Civil, el posible perjuicio económico para las arcas autonómicas sería de casi tres millones de euros. La renovación de vehículos comenzó en 2017.