La primera parte de la vista oral tuvo lugar en dos días de noviembre en el Juzgado de lo Penal, pero no terminó y se aplazó para fechas navideñas. Al final no llegó a celebrarse y la tercera y última sesión ha tenido lugar este viernes por unos hechos ocurridos en dos cacerías: en diciembre de 2008 y febrero de 2009.

La investigación llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil terminó en la operación Almanzor. En 2014 iba a celebrarse el juicio pero las defensas lograron, en unas cuestiones previas de nulidad de las actuaciones en las escuchas telefónicas practicadas, anular las grabaciones y con ello reducir el número de acusados de 29 a los nueve actuales, ya que quedaron fuera del sumario numerosos registros domiciliarios y en otros lugares, como taxidermias, adonde habían ido a parar ejemplares de cabra montés.

En las conclusiones del juicio que ha tenido lugar este viernes la fiscalía mantiene las acusaciones para los nueve acusados de delitos de caza furtiva, tenencia ilícita de armas en algún caso y falsedad documental. Pide penas de entre seis meses y dos años de prisión.

El letrado de Ecologistas en Acción mantiene todas las acusaciones y resaltó los “indicios” que se produce en el caso: el precio de las cabras, ya que ofrecían abatir ejemplares por cantidades “irrisorias” como 3.000 euros frente a las cifras oficiales, utilizaban armas largas con silenciadores, cazaban de noche y abandonaban las pieza en la sierra.

Frente a él los cinco abogados de la defensa han solicitado la libre absolución para sus clientes, para ello se han basado en que todas las pruebas del caso proceden, de uno u otro modo, de las escuchas telefónicas que quedaron fuera del sumario. Por eso aseguran que “no hay ninguna prueba real” y que la sentencia “no puede basarse en indicios”.

En la última sesión del juicio han declarado  guardias civiles, y agentes y celadores de Medio Ambiente. De los nueve acusados han acudido seis de ellos.