Ante esta situación, el PP y el PSOE han presentado sendas mociones en la misma dirección, contando con el apoyo tanto de Ciudadanos, como de Por Ávila, lo que ha permitido que los dos textos hayan salido adelante por unanimidad.

El texto del PP pide al Gobierno la aprobación de una norma que permita antes del 30 de junio “preservar la naturaleza del registro civil como un servicio público y gratuito”, así como “garantizar el acceso a todos los ciudadanos, con una red de oficinas próxima e impulsando el acceso al registro mediante servicios electrónico, preservando los servicios que se han venido prestando hasta la fecha en todos los municipios de la provincia2.

Asimismo, ha planteado que se “aproveche la experiencia” y se “respeten los derechos de los empleados a cargo de su llevanza”.

Por su parte, el texto del PSOE planteaba que la Diputación solicitara al Gobierno que “adopte de forma urgente una iniciativa legislativa tendente a producir una nueva y definitiva prórroga a la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, manteniéndose así la demarcación y planta de los juzgados de paz y de las agrupaciones de secretaría de juzgados de paz de la provincia”.

Agrupaciones de secretarías

En la actualidad existen un total 13 agrupaciones de secretarías de juzgados de paz situadas en Cebreros; Madrigal de las Altas Torres; Candeleda; Pedro Bernardo; Mombeltrán; El Barco de Ávila; Fontiveros; Sotillo de la Adrada; La Horcajada; Muñana; Mingorría; Navarredonda de Gredos y Solosancho. En total, agrupan a más de 190 municipios, con una población superior a los 73.000 habitantes.

La proposición también pide a todos los grupos del Congreso y el Senado que “presenten proposiciones de ley tendentes a producir una nueva y definitiva prórroga a la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, manteniéndose así la demarcación y planta de los juzgados de paz y de las agrupaciones de secretarías de juzgados de paz de la provincia de Ávila”.

En su exposición, el portavoz socialista, Pedro Muñoz, ha reconocido que esta ley aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un error”. “Nos equivocamos en su momento”, ha admitido, quien ha señalado que de entrar en vigor, podría acabar con empleos y servicios en el mundo rural.

El portavoz de Cs y vicepresidente primero, Pedro Cabreros, ha dicho estar “de acuerdo en parte con la ley”, al defender la necesidad de “modernización” de los registros civiles; sin embargo, se ha mostrado contrario a su supresión, porque además, en numerosos puntos del mundo rural “no existe Internet”.

Por su parte, el portavoz de Por Ávila, Alberto Encinar, ha elogiado la autocrítica del PSOE en relación a este asunto y ha respaldado las dos mociones.