Son ustedes los más indicados para que piloten esta iniciativa y se impliquen con su trabajo allá donde los ciudadanos no podemos intervenir, que no es otro que el lugar donde reside la soberanía del pueblo español, su Parlamento y su Gobierno. Son ustedes los obligados a intervenir, para eso han sido elegidos por nosotros. Más allá de siglas o ideologías, la justicia equitativa y redistributiva debería estar por encima de las otras diferencias políticas que pueda haber entre ustedes. 

Los ciudadanos ya hemos hecho el trabajo que no nos correspondía, recogida de firmas (más de 60.000 entre Ávila y Segovia), manifestaciones, concentraciones, ruedas de prensa, y escritos a distintas asociaciones, partidos, Defensor del Pueblo Español y Europeo y la Comisión Europea.  

Y hemos hecho lo más importante, elegirles otra vez más a ustedes, a los representantes del pueblo, otra vez más para que hagan algo distinto a lo que han hecho hasta ahora los que les precedieron, y que no es otra cosa que bregar y luchar por los ciudadanos que depositaron con mucha confianza su papeleta en la urna de la esperanza. No hagan, otra vez más, que esa esperanza se desvanezca de nuevo y se quede en el olvido. Esta sociedad que les apoya no lo merece, ya es hora de que ustedes tomen las riendas de este carro que nunca debieron dejar abandonado a su suerte y sin rumbo. Es su hora, no la desperdicien de nuevo. 

Para ello les enviamos el escrito que Ávila Libre de Peajes ha dirigido, el día 13 de este mes de enero, a la Comisión Europea. En dicho escrito reflejamos tal y como está la situación legal de esta concesión y aquello que requerimos a la Comisión para que intervenga ante el Gobierno de España. 

Viene a decir que el Gobierno de España no ha cumplido con lo legislado al respecto en el nefasto Real Decreto 525/2012 de 9 de marzo, que obligaba a nuestro Gobierno, en funciones o no, a legislar en el pasado mes de noviembre. El citado Real Decreto venía como respuesta para cumplir la sentencia del 22 de abril de 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La Comisión Europea dio por buena dicha respuesta y eso no se ha hecho por parte del legislador. No sirve que se diga que como se estaba en funciones aquello podría retrasarse, eso no vale, la vida sigue, esté el Gobierno o no en funciones las leyes hay que cumplirlas, pues su no cumplimiento puede acarrear sanciones por parte de quién está por encima de las instituciones españolas. 

En ese mes de noviembre el Gobierno debería haber fijado el final de la concesión, entre los años 2024 a 2029, la indemnización a pagar a la Concesionaria por la reducción en 7 años de concesión que fijó el TJUE (esperemos que esta indemnización no se traduzca en más años de concesión, pues eso no es lo que refleja el citado RD), y finalmente debería el Gobierno sacar de nuevo a licitación esos 7 años, los cuales la Comisión Europea ha dado la posibilidad de que sea el Gobierno quien los explote directamente al precio que crea conveniente, o los libere, tal y como desde Ávila Libre de Peajes y desde la sociedad abulense y segoviana así solicitamos,

En escrito que la Comisión Europea dirigió en fecha 01-07-2019 a Ávila Libre de Peajes así lo reflejaba, “La reducción del plazo de concesión ofrecería la posibilidad de abrir a la competencia la explotación del objeto de la concesión actual. No obstante, en virtud del considerando 5 de la Directiva de concesiones (Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 relativa a la adjudicación de contratos de concesión. DO L 94, 28.32014, p. 164), "la presente Directiva reconoce y reafirma el derecho de los Estados miembros y las autoridades públicas a determinar los medios administrativos que consideren más adecuados para la realización de obras y la prestación de servicios. En concreto, la presente Directiva no debería menoscabar en modo alguno la libertad de los Estados miembros y de las autoridades públicas para realizar obras o prestar servicios directamente al público o para externalizar tal suministro mediante delegación a terceros. Los Estados miembros y las autoridades públicas deberían continuar siendo libres para definir y especificar las características de los servicios que hayan de prestarse, incluidas las eventuales condiciones relativas a la calidad o el precio, de conformidad con el Derecho de la Unión, con el fin de lograr sus objetivos de interés público". Ahí lo dice la Comisión varias veces, respalda al Gobierno para que con esos 7 años haga lo que crea conveniente con ellos. 

No deben ustedes olvidar que la concesión más antigua de estas autopistas, la AP-6, data del año 1968, hace 52 años, cuya concesión se prorrogó en el año 1999 por un periodo de entre 32 y 37 años, por la compensación de la construcción de las AP-51, AP-61, el tercer túnel de Guadarrama y otras obras en la citada autopista. Y que estas vías hace muchos años que están amortizadas y generando grandes beneficios. 

Por eso no podemos entender, no entiende la sociedad abulense y segoviana, que el pasado 27 de diciembre se subiera el precio de las AP-51 y AP-61 en un 0,84 %, y la AP-6 en un 1,69 %, el doble que el resto de las autopistas del Estado, justificándolo el Gobierno por la razón de “mantener el equilibrio económico financiero de la concesión”. Señor@s representantes de los ciudadanos, ¿qué equilibrio económico financiero necesita una concesión que genera más de 65 millones de euros de beneficio anuales?. 

Por todo ello, y por mucho más, señor@s representantes del pueblo, les pedimos, les exigimos que estén a la altura que merece el pueblo que les ha elegido, no podemos esperar más, hagan su trabajo, esa es su obligación.