Procuradores del PSOE a la Junta: más ejercer competencias y menos oposición al Gobierno

Por ello, tanto Miguel Hernández como Soraya Blázquez, han exigido a la Administración autonómica que “se ponga a trabajar ya para solucionar los problemas de esta provincia” y no ha hacer oposición al Ejecutivo central.

Hernández y Blázquez han constatado el "nerviosismo que impera en la Junta” tras la investidura y la formación del nuevo Gobierno de España, tal y como a su juicio se ha puesto de relieve con la reciente visita a Ávila del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Soraya Blázquez ha señalado que, ocho meses después de las Elecciones Autonómicas, “lo que los ciudadanos esperan de los consejeros son actuaciones concretas, no anuncios grandilocuentes como los que vino a hacer el consejero Súarez Quiñones”.

Por ello, ha reclamado a la Administración autonómica que “se ponga a trabajar ya en la solución a los problemas que aquejan a esta provincia”.

Sin transporte público

Asimismo, ha hechor eferencia al medio centenar de municipios de la provincia carece de un transporte público que los conecte con la capital, a los que la Junta ofrece una solución, que “como mínimo no llegará hasta finales del año 2022”.

“Tampoco ha explicado la Junta de Castilla y León en qué condiciones van a financiar los ayuntamientos las estaciones depuradoras de sus municipios, ni ha aclarado de qué manera se van a encargar dichos ayuntamientos de hacer frente a los gastos de mantenimiento y explotación”, ha apuntado Miguel Hernández, en referencia a otro de los anuncios de Suárez-Quiñones.

Asimismo, Hernández ha apuntado que la Junta “no ha concretado el sistema de depuración que se va a instaurar en los municipios” y si “el Gobierno autonómico tiene previsto promover sistemas de depuración alternativos a los convencionales para reducir costes a los ayuntamientos afectados”.

Ambos procuradores han coincidido en que, hasta ahora, los anuncios de inversión que efectúa la Junta “no tienen el respaldo de partidas presupuestarias para llevarlas a cabo” y además, “la mayoría de ellas, en contra de la imagen que quiere proyectar la Junta, no son sufragadas en su totalidad por el Gobierno autonómico, sino que son actuaciones confinanciadas con otras administraciones”.