Para ello, ha registrado una moción en la que recuerda que la Ley 7/1885 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Artículo 34.1.n establece que corresponde al Presidente de la Diputación “ordenar la ejecución y hacer cumplir los acuerdos”. Sin embargo, según el PSOE, García “ignora deliberadamente por interés partidista” algunas de ellas.

Así, apuntan los socialistas, si las iniciativas compelen a una Administración gobernada por el PP, o en coalición entre el PP y Ciudadanos, el presidente de la Diputación se limita a la “simple remisión”, pero cuando la Administración es del PSOE “pone en marcha toda la maquinaria, recurriendo a la convocatoria de órganos y colectivos”.

En la parte resolutiva de la moción, el PSOE insta al presidente de la Diputación que se aplique para cumplir con los mandatos emanados del Pleno “el mismo nivel de exigencia con el que se dirige en sus manifestaciones públicas al Gobierno de España”, independientemente del color político de la administración. 

Exigir a Madrid

También se pide a Carlos García a exigir “públicamente” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, “contraprestaciones a la provincia de Ávila por haber sustentado, en parte, el desarrollo de la Comunidad de Madrid, con un recurso, el agua, detraído del río Alberche, sin compensación alguna para los municipios afectados de la cuenca cedente”.

Al hilo de este asunto, el diputado provincial socialista y alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, ha criticado la “desidia” de los dirigentes del PP abulense y madrileño para cumplir su promesa de posibilitar el traslado de fallecidos entre diferentes comunidades autónomas antes de las 24 horas siguientes a producirse la defunción.

Aparicio ha subrayado que la presidenta de la Comunidad de Madrid continúa sin publicar en el Boletín Oficial de esa comunidad autónoma la orden que regulará dicho traslado, en contra de lo que presumió en Sotillo de la Adrada durante las últimas campañas electorales, acompañada de los entonces candidatos del PP al Congreso y al Senado.

Desde su punto de vista, el retraso en la publicación de la orden corrobora que los dirigentes populares “no solo no han actuado con la seriedad y el rigor que decían, hablando incluso de un día histórico para los abulenses, sino que no han tenido recato en utilizar con fines exclusivamente electorales una cuestión tan sensible para los ciudadanos, como es el fallecimiento de un familiar”.