En ella señalan que el objetivo es “fijar población y no perjudicar más a los castellanos y leoneses que trabajan en la capital de España”, y cita la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2010 para que el Gobierno “negocie con las empresas adjudicatarias que finalice la concesión de estas vías de comunicación, como ya ha hecho en muchas del Corredor Mediterráneo”.

Asimismo, solicita que se realice un estudio económico-financiero para ponderar los costes de la liberalización de estos contratos y que se analice la aplicación de medidas complementarias que beneficien a los usuarios frecuentes o habituales de estas autopistas, como una reducción de la tarifa o la compensación completa.

Ciudadanos critica el “abandono de la Administración del Estado que, lejos de acabar con las diferencias entre regiones, ha acrecentado con su inacción las carencias y los retrasos de inversiones en materia de infraestructuras y comunicaciones, tanto las móviles como las terrestres”.

También afea “las promesas del Partido Socialista para eliminar los peajes en otras autonomías (autopistas AP-7 entre Alicante y Tarragona y en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz) mientras calla cuando el Gobierno central relega a las provincias de Ávila y Segovia al olvido y castiga a sus ciudadanos”, a pesar de que en la pasada pasada legislatura se aprobaron proposiciones no de ley del PP y PSOE en las Cortes de Castilla y León en las que pedían el fin de estas concesiones.

Quieren mantenerlo

Desde Cs también se ha advertido que el Ministerio de Fomento “parece querer mantener el sistema de concesión administrativa hasta 2024, para luego ampliar la concesión otros siete años más (hasta 2031), según recoge el Real Decreto 756/2019 de 27 de diciembre”, cuando el decreto, “lejos de reducir las tarifas, las aumenta y perjudica a los ciudadanos y empresas radicadas en las provincias limítrofes con la capital”.

La proposición insiste en que la eliminación de estos peajes “igualaría las oportunidades de conexión y desarrollo en estas provincias limítrofes con Madrid, fundamental para crear empleo y facilitar la instalación de empresas que quieran asentarse en la periferia de la capital”, según la procuradora Inmaculada Gómez, quien critica al Ministerio de Fomento.

Gómez ha explicado que el peaje “lastra la competitividad de Ávila, ya que no permite que los ciudadanos residan en la provincia y tengan sus negocios, sus trabajos y sus estudios en Madrid”, lo que “les  obliga a desplazarse aunque no lo quieran a vivir en la capital, que por otra parte está super colapsada”.

En el caso en el que no fuera posible retirar el peaje, la parlamentaria autonómica ha pedido que las distintas administraciones se sienten, con el Ministerio de Fomento que a la cabeza, “para analizar si hay medidas para compensar este agravio comparativo que sufren los segovianos y los abulenses, y a todos los castellanos y leoneses por extensión”.