Acusados por la muerte ilegal de un lobo, el hecho tuvo lugar durante la celebración de una montería el 29 de noviembre de 2015 en el coto de caza Valdeciervos, en el término municipal de Tornadizos de Ávila. 

Según Ecologistas en Acción, personada en la causa como acusación particular, las pesquisas del Seprona de la Guardia Civil pudieron determinar, mediante el análisis de pruebas testificales, documentales, genéticas y balísticas, que desde el puesto número 15 de la montería se disparó a un grupo de lobos abatiendo al menos a uno. 

El cuerpo del cánido fue retirado y no ha aparecido, pero hay fotos del animal muerto, así como rastros de pelo y sangre que, junto con los casquillos de munición y las armas, argumentan la acusación. De otro segundo lobo, que también fue abatido según las declaraciones iniciales de los testigos, no se consiguieron pruebas de su muerte. 

Los presuntos autores de los disparos que acabaron con la vida del lobo serían dos cazadores, uno de ellos sin licencia de armas, que portaban sendos rifles.

A petición de las acusaciones particulares se enfrentan, por la caza de una especie protegida, a penas de dos años de prisión y cuatro de inhabilitación para cazar. En el caso del portador de armas sin licencia se enfrenta además a una pena de un año de prisión.

Petición de penas

La acusación de la Junta de Castilla y León pide una pena de 16 meses de multa a razón de 100 euros diarios e inhabilitación para cazar por cuatro años, así como una indemnización de 9.261 euros por la muerte de la especie protegida.

Ecologistas en Acción está personada en la causa como acusación particular, al igual que Lobo Marley y Anadel y la Junta de Castilla y León.

Según la portavoz de la organización ecologista, Carolina Martín, es “sorprendente” que la Fiscalía no formuló acusación alguna e incluso pretendió el archivo de la causa, lo que fue desestimado por el Juzgado de Primera Instancia.

Protección

El lobo es una especie considerada en su conjunto estrictamente protegida en aplicación del anejo II del Convenio de Berna y está protegida específicamente al sur del Duero en aplicación de la directiva europea 92/43 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, además de especie silvestre en régimen de protección especial. 

Martín considera que la población de lobos “está sujeta a una constante presión por la caza ilegal y por los controles que ejerce la Junta de Castilla y León, así como por la alteración y destrucción de los hábitats debida a la intensificación de la ganadería y de la caza”.

“A pesar de que la caza ilegal de lobos es un problema de primera magnitud para la especie, resulta muy difícil su persecución”, ya que “son pocos los casos que se judicializan por la dificultad de recoger pruebas incriminatorias, así como por la escasa atención que se presta a la persecución de este tipo de delitos”.

En el juicio, que tendrá lugar el jueves y el viernes, quieren “conseguir una sentencia condenatoria ajustada a derecho, que deje palpable la gravedad de dar muerte a una especie protegida como el lobo y que así ayude a prevenir las muertes de lobos en el futuro como medio para recuperar las poblaciones de esta especie amenazada”.