“Los abulenses queremos conocer cuándo tiene previsto determinar la fecha de finalización del peaje y cuál será esa fecha”, ya que “lo tendría que haber fijado en noviembre y no lo ha hecho”, cuando “es el mismo Gobierno que liberalizó, entre otras, la AP-1 (Burgos-Armiñón)”, ha manifestado la diputada popular Alicia García, que ha formulado una pregunta al Gobierno, en la que desea saber “si está contemplado llevar a cabo algún tipo de compensación y/o bonificación a la provincia de Ávila y a las comunidades autónomas afectadas por esta doble carga impositiva”. 

García también pregunta al Ejecutivo si estas “subidas extraordinarias” del peaje de la AP-6 “tienen algo que ver con el contencioso que mantiene el Ministerio de Fomento con el grupo controlado por Atlántia y ACS respecto a los problemas existentes con la AP-4 Sevilla-Cádiz y los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante”. 

La diputada critica al Gobierno por “mantener una política orientada a la racionalización y eficiencia del gasto público, y que se empeña en mermar los recursos de los abulenses, ya suficientemente castigados por la subida del IBI en Ávila capital”.

El acuerdo del último Consejo de Ministros, que implica una subida del 0,85% en el peaje de las autopistas AP-6 y AP-51, y del doble, el 1,69%, en la AP-6, en este caso también aprobado para  2021 y 2022, supondrá “un encarecimiento acumulado del 2,55% en los tres próximos años, que se sumará a la subida anual de actualización automática que el sector aplica ya desde el año 2000”. 

Según García, se trata de “otro agravio a la ciudad y a la provincia de Ávila, a sus empresas, autónomos, trabajadores y estudiantes”, porque el Gobierno, “lejos de mitigar agravios, los multiplica”, ya que supondrá un “impacto económico” por “el aumento de costes de traslado de mercancías y personas, para los usuarios, tanto particulares como empresas”.