El Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Ávila, que le condenó a un año de suspensión de empleo o cargo público y una multa de 1.080 euros, por un “delito contra las instituciones del Estado, previsto y penado”, según la sentencia.

Herranz fue alcalde del PP durante 36 años hasta que en las últimas elecciones municipales perdió la alcaldía frente al PSOE.

El origen del caso se encuentra en la falta de respuesta del exalcalde a los numerosos escritos del entonces portavoz municipal socialista, Antonio San Cristóbal, como tampoco a los enviados por la Asociación de Vecinos Los Regajitos. Tras hacer “caso omiso” a los escritos, se puso en conocimiento del Procurador del Común, quien volvió a requerir respuesta al Consistorio. Al no tener noticias del alcalde, el Procurador del Común puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Ávila, que entendió que podían ser constitutivos de un delito de desobediencia, pasando del Juzgado de Instrucción de Ávila, donde se presentó, al Juzgado de lo Penal.

32 cartas sin contestar

Había 32 cartas enviadas, sin contestar ni abrir, y otras tres, certificadas, enviadas por el Procurador del Común, solicitando respuesta al consistorio: dos referidas a la presentación de dos mociones, y una sobre una solicitud de información de la Asociación de Vecinos Los Regajitos.

El que fuera concejal del PSOE, Antonio San Cristóbal, destaca que, la decisión judicial “pone de manifiesto que los socialistas tenían razón en las denuncias públicas realizadas en los últimos años contra Andrés Herranz”, con la que “la justicia ha puesto freno a su actitud”, si bien cree que “lo debería haber hecho su propio partido”, que “lo ha pasado por alto, pese a sus declaraciones sobre su compromiso con la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción”.

El exedil denunciante recuerda que en 2017 el entonces alcalde fue multado por la Junta a pagar 15.000 euros por una infracción muy grave, al haber comprado en la capital abulense una vivienda de protección pública cuando no estaba empadronado en la ciudad, sino en su pueblo. El PP “no hizo nada a pesar que anunció medidas y dos años después le premió presentándolo a las elecciones”.

San Cristóbal recuerda que en 2013 el exalcalde hizo un escrito a la Gerencia de Servicios Sociales certificando que la presidenta de la Asociación Los Regajitos, Teresa Andrino, “sabía con quien vivía ni donde vivía” a pesar de “estar empadronada toda la vida en el pueblo”, por lo que la Junta paralizó la ayuda de 400 euros de la ayuda de renta garantizada. “Pasado un año la Junta devolvió la ayuda”, ya que “esto pasó por defender los intereses de todos los vecinos, porque a este señor no le gustaba lo que hacía Teresa y su asociación”.