A juicio de la parlamentaria abulense, “mientras el Gobierno autonómico ha dado muestras de no tener inconveniente en perdonar 180 millones del impuesto de sucesiones, a los ciudadanos que viven en el medio rural les niega una política fiscal de apoyo a la actividad económica, al emprendimiento y al empleo”.

Según Blázquez, tanto PP como Cs están demostrando “escasa sensibilidad con las demandas y necesidades de nuestros municipios”, puesto que su rechazo a impulsar un proyecto de ley de incentivos a la actividad económica, al acceso a los servicios y a la generación de empleo en el ámbito rural se suma al despropósito que supone el cierre de consultorios médicos en núcleos de población menores de 200 habitantes.

La procuradora ha criticado que la Junta no entienda como una exigencia aplicar medidas de equidad que posibiliten la igualdad real y den respuesta a la desventaja que sufren los habitantes del mundo rural con respecto a los del medio urbano, como consecuencia de la despoblación, el envejecimiento, la dispersión y el éxodo juvenil.