El trabajador tenía unas condiciones laborales que incluían "un trabajo diario de hasta 13 horas, sin días de descanso entre semana ni vacaciones anuales y sin estar dado de alta en el sistema público de la Seguridad Social", según figura en los hechos probados del fallo, que habla de un salario de "250 euros mensuales". A cambio, le dejaba "vivir en una vivienda sita en la propia finca".

El contratador vulneró "de manera grave" derechos reconocidos en las disposiciones legales y en los convenios colectivos y "aprovechándose de la situación de necesidad del trabajador", ya que era ciudadano extranjero, lo que hacía que desconociera los derechos laborales en España y necesitara satisfacer sus necesidades básicas de la vida diaria "hasta el extremo de que podía comer setas o productos que recogía ese día en el campo o lo que pescaba".

La sentencia señala que el patrón "al menos un año antes al mes de febrero del año 2016, aprovechándose de la situación de necesidad" del trabajador, lo contrató "por cuenta ajena para que básicamente hiciese el trabajo de vaquero en la parte de la finca de la cual era arrendatario", trabajando "hasta 13 horas al día, sin descansos entre semana ni vacaciones anuales".

Durante el juicio, el trabajador explicó que vivía en una de las casas de la finca sin pagar nada por ello de renta o de alquiler, si bien aclaró que no lo hacía "por ningún tipo de altruismo" por parte de su empleador, sino porque "trabajaba laboralmente para él con las funciones propias de cualquier vaquero".

Contra los derechos de los trabajadores

Unas funciones que incluían "cuidar del ganado, echarlo de comer, ayudar en los partos, vigilar todos los días, mantener el estado del vallado, buscar el ganado que se hubiera salido de la finca y volverlo a traer".

Por ello, la Audiencia Provincial condena al empleador a seis meses de prisión, así como a pagar una multa de 1.080 euros y a indemnizar al trabajador con 14.868,06 euros, al considerarlo "autor directamente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores".

Dicho delito castiga a quienes "mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".

Asimismo, la sentencia considera que "ha quedado también acreditado con total certeza que las condiciones laborales y de Seguridad Social" del empleado "no respetaban los derechos reconocidos en las disposiciones legales y en los convenios colectivos y además no lo hacían de manera grave".

Y ello, teniendo en cuenta que "no ya solo por el hecho de que no estaba siquiera dado de alta en el sistema de Seguridad Social, sino también porque no se respetaba su derecho a descanso dentro de la semana, su derecho a una jornada laboral semanal o su derecho a vacaciones anuales retribuidas".