De hecho, el portavoz socialista en la institución provincial, Tomás Blanco, ha manifestado su intención de recurrir por la vía administrativa y judicial las contrataciones que se efectúen “si no se paraliza el proceso”, previsto para este martes.

Según Blanco,  “en teoría”, existe una relación de preseleccionados del Servicio de Empleo de Castilla y León, además de una asignación económica de 180.000 euros de la Junta de Castilla y León.

Viciado
No obstante, ha denunciado que el proceso se encuentra “viciado” desde el comienzo, dado que no se cuenta todavía con ese dinero, en el presupuesto de la Diputación tampoco se ha habilitado una partida para este fin y no se han aprobado los requisitos o la baremación de los candidatos.

Asimismo, de acuerdo con la versión ofrecida por Blanco, la lista de preseleccionados no se ha hecho siguiendo las indicaciones de los técnicos de la Diputación sino de una persona contratada como personal eventual de confianza en la institución provincial, que además es concejala de Empleo en el Ayuntamiento de Ávila, Carmen Jiménez.

Blanco ha asegurado que la única persona que conocía el desarrollo de este proceso es el vicepresidente de la Diputación y responsable del Área de Turismo, Ignacio Burgos, porque “ni siquiera” el responsable de Recursos Humanos y vicepresidente segundo de la institución, Carlos García, lo sabía.

Así, el portavoz socialista ha pedido “paralizar” el proceso y poner en marcha el procedimiento adecuado, para que “todas las personas” tengan “el mismo derecho” a optar a esos puestos de trabajo.

Estas manifestaciones se produjeron el lunes por la tarde, poco después de que en el pleno criticase la presencia de Jiménez para seleccionar a los candidatos por “estar fuera de lugar” que fuera una persona de libre designación y no un funcionario. El presidente de la Diputación, Agustín González, ha que dicho que “no le temblaría la mano” si tenía que rectificar y que estudiaría el caso.