Con una moción llevó Tomás Blanco el asunto al pleno, en el que acusó al Ayuntamiento de la capital de haber delegado el cobro en el Organismo Autónomo de Recaudación cuando “los habitantes de la provincia pagan la tasa desde hace seis años”.

Así “los ciudadanos se sorprenden cuando reciben un recibo” desde la institución provincial, de tal modo que en realidad “el Ayuntamiento ha subido la tasa el 30 por ciento”, pero “el desgaste político” se lo lleva la Diputación, según Blanco, que ha pedido explicaciones al alcalde de la capital.

También ha lamentado que como resultado de esta situación muchos ciudadanos se planteen no reciclar, lo que “generará mayor coste” en el tratamiento de los residuos, y lamentó que la Iglesia no tenga que pagar la tasa. Blanco duda del cálculo que se ha hecho de la tasa, porque la Diputación no efectuó un estudio al respecto y adoptó el remitido por el Consistorio.

La moción socialista exigía que la Diputación pidiera al Ayuntamiento que se trata de un tributo municipal y le instase a pagar los 664.000 euros que debe a las arcas del Torreón de los Guzmanes. Fue rechazada por PP e IU.

El portavoz del equipo de Gobierno, Ignacio Burgos, destacó que “no hay que confundir Consorcio de la Zona Norte con Diputación”. “No se lo voy a consentir”, le dijo cuando escuchó lo de “cobardía” del regidor de la capital, instando a “retirar la palabra” por tratarse de “una bajeza”. Blanco no lo retiró y habló entonces de “cobardía política”.

Advirtió también que si no se separan los residuos se generará más gasto en el tratamiento de los residuos.

En este caso, el diputado de IU, Santiago Jiménez, “los ciudadanos ya saben lo que se ha hecho mal” en este asunto, y ratificó que la postura municipal en este asunto ha sido “cobarde”.
Como el Consistorio de la capital mantiene una deuda con la Diputación, se dirigió a los alcaldes que son diputaciones provinciales para decirles que “están alimentando al ayuntamiento más grande”. También ha confiado en que salga adelante su recurso ante los tribunales y la tasa sea declarada ilegal.

Mientras, el portavoz de UPyD, Santos Martín, ha destacado que la competencia de residuos es “exclusivamente” municipal, ha considerado que es legal, pero ha lamentado que la Diputación se “haya prestado a este juego de intereses partidistas”.