Según ha podido saber Avilared, este órgano de funcionamiento interno de la prisión abulense tendrá lugar a primera hora de este jueves, cumpliendo así con el plazo de 15 días en los tiene lugar cada reunión. El anterior tuvo lugar el pasado 21 de noviembre.

La solicitud formulada por el cuñado del rey Felipe se ha producido una vez cumplida una cuarta parte de su condena, tras ingresar en el centro penitenciario el 18 de junio de 2018, tras ser condenado a cinco años y diez meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias por el caso Nóos.

Este primer permiso es de siete días, el máximo de duración de cada salida, aunque por el momento se desconocen las fechas solicitadas.

La Junta de Tratamiento está integrada por la directora, Laura Pérez, el subdirector de tratamiento, los educadores, los trabajadores sociales y el jefe o jefa de servicio. En caso de empate, la directora puede hacer uso del voto de calidad.

Si la Junta de Tratamiento concede el permiso a Iñaki Urdangarin, deberá ser después el juez de Vigilancia Penitenciaria el que tenga que ratificarlo. En el caso de que Tratamiento se lo denegara, el exduque de Palma tiene la posibilidad de recurrir ante el juez.

Voluntario

En septiembre, el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le concedió a Urdangarín salir dos días la semana, ocho horas dada vez, para hacer una labor de voluntariado en el centro Don Orione, de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El fiscal recurrió la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, al entender que el precepto que sustentaba la petición ce Urdangarin para hacer voluntariado -artículo 117 del Reglamento Penitenciario- no era de aplicación por no cumplirse los requisitos legales, ya que en ese momento el preso no había cumplido la cuarta parte de la condena.

La Audiencia de Ávila rechazó el recurso y señaló que ese artículo establece únicamente dos presupuestos para que un interno clasificado en segundo grado pueda acceder a la ejecución de programas especializados: que tenga un perfil de baja peligrosidad social y que no ofrezca riesgos de quebrantamiento de condena.