Del Sábado, 17 de Enero de 2026 al Martes, 20 de Enero de 2026
Jesús M. Glez Palacín y Adoración Martín en la asamblea con ganaderos.UCCL ha reunido a los ganaderos de leche para animarles a denunciar a las empresas lácteas y reclamar “lo que les han robado” por pactar los precios.
Después de la sanción de 80 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las principales centrales lácteas, la organización agraria ha explicado, con el apoyo de un gabinete jurídico, que “todos los ganaderos están afectados, y también los que estaban en activo desde el año 2000”, según ha dicho Jesús Manuel González Palacín, el coordinador regional de UCCL.
Los ganaderos que han vendido leche a las empresas españolas “tienen más posibilidades, porque aunque no han sido multadas se han aprovechado de unas prácticas ilegales para pagar menos”.
En UCCL confían en que los ganaderos puedan ser resarcidos, si bien reconocen que “es muy dificil porque la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia lleva poco tiempo funcionando, y con muy pocos dictámenes tan demoledores como éste”, teniendo en cuenta que “el asunto del transporte es lo más parecido y se ha ganado”.
Quieren “hacer y armar” las denuncias “lo mejor posible”, ya que “las dificultades” son las de “cuantificar el daño a cada ganadero individualmente”, para lo que deben hacer “una labor de peritaje muy complicada” y enfrentarse a “un proceso complejo, lento y costoso”.
González Palacín ha animado a los ganaderos a reclamar “un dinero que les han robado”, teniendo en cuenta que “la ley les asiste y tienen derecho a reclamar.
Entre las diez empresas sancionadas se encuentran Lactalis, Central Lechera Asturiana, Leche Pascual, la antigua Senoble y Danone.
En Castilla y León hay en la actualidad 1.018 ganaderos de vacuno, siendo menos de 150 en la provincia de Ávila, según ha explicado Adoración Martín, la responsable de vacuno de leche nacional, y de Castilla y León, de UCCL. Ha señalado que pueden recurrir tanto los que siguen en activo como los que han abandonado “siempre que aporten la documentación y las facturas que justifiquen su situación”.





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