En un escrito en respuesta a la formación política, que antes era una plataforma, el Defensor del Pueblo indica que “del informe de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda no se deduce una actuación irregular de la Administración” en el asunto de los peajes, por lo que da por “finalizadas las actuaciones” y remitiéndose a la aplicación del Real Decreto 525/2012 de 9 de marzo.

Por tanto, debe ser el Gobierno en funciones que se pronuncie el 5 sobre la finalización de los peajes en las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61. La fecha mínima podría ser 2024, de tal forma que los siguientes siete años de licitación no se adjudiquen a una nueva concesionaria, sino que sea el Estado quien explote estas infraestructuras, según exige este partido. La otra opción es mantenerlo hasta 2031.

Ávila Libre de Peajes animan a las formaciones con representación en ayuntamientos, Diputación, Junta y Parlamento nacional a que se adhieran a su petición, al igual que lo hacen a los representantes de la provincia de Segovia, igualmente afectada.

Este partido argumenta que debe decidirse así porque “la construcción está amortizada desde aproximadamente 2010”, porque se aprobó en las Cortes de Castilla y León en 2018, “la discriminación respecto a otras provincias”, “la deuda histórica con Ávila”, y “por comparación a la liberación de peajes en otras autopistas de España”, como son la finalización de la concesión el pasado de diciembre de la AP-1 en Burgos, la liberalización de la AP-4 Sevilla-Cádiz y de la  AP-7 en el tramo Alicante-Tarragona el próximo enero.