La Residencia de Personas Mayores de Ávila tiene 102 plazas sin utilizar, la de Palencia 135, 109 la de León y 90 en la Residencia Mixta de Parquesol, en Valladolid, una “situación sumamente llamativa”, según el Sindicato de Enfermería.

Esta situación ha provocado que se deriven personas dependientes a residencias privadas, mientras numerosas personas mayores “tienen que esperar meses e incluso años para acceder a una plaza en una residencia pública.

Ante la tramitación del decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de personas mayores de Castilla y León, Satse se ha dirigido al vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Francisco Igea, para advertir que la norma “favorece el negocio de la empresa privada en detrimento de la asistencia ya que elimina la obligatoriedad de que estos centros cuenten con profesionales sanitarios”.

Satse lamenta la decisión de la Consejería de Familia de continuar con la tramitación del decreto y solicita una investigación del motivo por el que se ha publicado la normativa en la que “existe un beneficio económico para las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a nuestros mayores y del coste que supone para el Servicio público de Salud de Castilla y León”.

Y es que se continúa con la tramitación de la modificación de dicho decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba otro que publicó la Junta en el 2017, con lo que “se pretende volver a publicar sin modificaciones eliminando la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León”.