Por un lado, lamentan que el equipo de Gobierno “despliega su autoridad obligando mediante decretos de alcaldía a trabajar en contra de su voluntad a los agentes de la policía”, y ante lo que consideran “la vulneración reiterativa de los derechos laborales”, también por parte de la jefatura de la Policía Local, anuncian que las decisiones las recurren judicialmente, “lo que supondrá un enorme lastre económico para las arcas municipales”.

Por otro, critican el “nombramiento político” mediante comisión de servicio de dos inspectores, y lo califican así porque “si hubieran querido dar cobertura a dicha plaza, se encuentra publicada en la oferta de empleo público”.

A la vez que critican la decisión de disolver la unidad del radar de la Policía Local porque puede aumentar los accidentes y atropellos en la ciudad.

Así las cosas, el sindicato policial considera que “ya ha transcurrido un tiempo más que prudencial para tomar contacto con la realidad y sentarse a negociar para encontrar soluciones, y no sólo para contentar a la cúpula de la jefatura de Policía”, por lo que dicen declararse “en conflicto” mientras que “no se solucionen los agravios de este colectivo ni se respeten sus derechos  laborales como los de cualquier otro trabajador”.