Depurar responsabilidades

Desde el PSOE, el procurador Miguel Hernández ha dicho que las palabras de Pedro Pascual “no pueden quedar en una simple disculpa pública”, ya que a su juicio “la sociedad abulense merece que se depuren responsabilidades caiga quien caiga”. Al mismo tiempo,  insta a Sanidad a “depurar responsabilidades tras admitirse la manipulación de las listas de espera”.

Hernández cree que la Consejería de Sanidad “está obligada a abrir una investigación urgente, aclarar de qué manera se ha gestionado la elaboración de las listas de espera y cómo es posible que se utilicen las listas de espera con intereses políticos, para ocultar a los usuarios del sistema público de sanidad los tiempos reales de demora para someterse a una intervención quirúrgica”.

El procurador socialista ha sostenido que "de la intervención de Pedro Pascual, al reconocer en sede parlamentaria que, a sabiendas, se han ocultado y manipulado datos oficiales, como son las listas de espera, pueden derivarse incluso responsabilidades de tipo penal".

Ante esta situación, ha expresado su “sorpresa” ante la actitud adoptada durante la Comisión de Sanidad por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que “en ningún momento desmintió con rotundidad” unas afirmaciones, las de Pedro Pascual, que "complican alcanzar el objetivo de excelencia en la gestión al que se comprometió la propia consejera".

Desde su punto de vista, "cuando la ciudadanía pide un sistema público de salud de calidad y de prestigio, la admisión de prácticas intolerables como la supuesta manipulación de listas de espera no hacen sino deteriorar la imagen de los hospitales de Ávila y de la Comunidad Autónoma y en consecuencia de la sanidad pública".

Según el procurador socialista, las afirmaciones de Pascual “dan la razón al PSOE cuando denunciaba que desde la Junta se maquillaban las listas de espera para aparentar una buena gestión de las mismas”.

Ajuste de cuentas
Por su parte, CCOO exige la dimisión inmediata del procurador de Por Ávila y recuerdan que la Federación de Sanidad del sindicato ha reiterado en numerosas oportunidades que los datos que ofrecía la Consejería de Sanidad no se ajustaban a la realidad.

“La obediencia debida y la falsedad documental por parte de un cargo público reconocida en sede parlamentaria no pueden despacharse con unas simples disculpas”, y piden que, ante la acusación contra los anteriores equipos de la Consejería de Sanidad como contra los gerentes de los centros hospitalarios obliga a la nueva consejera, Verónica Casado, a abrir de inmediato una “investigación exhaustiva sobre lo sucedido y depurar las responsabilidades a que haya lugar por esos hechos fraudulentos”, ya que “sólo así se podrá eliminar la sombra de sospecha, ahora confirmada, que pesa sobre las actuaciones de dicha consejería”.

Tampoco creen que la gerente de Asistencia Sanitaria “eche balones fuera y sin asumir la responsabilidad que le corresponde con el cargo que desempeña”.

Para CCOO, aunque Pascual achaque sus manifestaciones a “no tener pelos en la lengua y a lo que parece un rechazo a la politización de estos cargos directivos, lo cierto es que tiene más bien la apariencia de un ajuste de cuentas con su anterior partido, el Partido Popular”.

Listas A y B

Desde UGT advierten que las palabras “desconcertantes” del procurador de Por Ávila dan a extender que existía una lista de espera A y otra B: “ante la gravedad de los hechos podría incluso haber fallecido algún paciente a la espera de ser operado por no haberse puesto en conocimiento público la situación real de espera”, por eso piden la dimisión de “todos los responsables implicados”.

Ante la “enorme gravedad” del caso exigen una aclaración “con luz y taquígrafos sobre la situación real de las listas de espera en Ávila”.

“Nos parece muy bien que el procurador de Por Ávila pida perdón públicamente y agradecemos su sinceridad pero creemos que llegado el momento debe explicar también como se hacía la manipulación y cuantos responsables del complejo estaban implicados”, ha señalado UGT, que advierten de las sospechas, desde hace años, de que “la dirección del complejo no era clara” en las informaciones que proporcionaba en el Consejo de Salud de Área. 

El sindicato señala que “era muy difícil de entender” que “pesar de que se actuara a nivel regional y se gastara una enorme cantidad de dinero en externalizaciones para realizar intervenciones quirúrgicas, al poco tiempo la lista de espera volviera a subir como por arte de magia”.

Por eso creen que sólo podría explicarse si “presuntamente había una lista de espera A pública y una  lista B oculta con los pacientes que estaban pendientes de ser operados”, de forma que “aunque unos pacientes fueran operados y salieran de la lista, otros ocupaban su lugar y la lista volvía en pocos meses al nivel previo a las externalizaciones en una especie de teoría de los vasos comunicantes”, de tal forma que los pacientes de la lista B equilibraban la salida de pacientes que ya habían sido operados.

UGT lamenta que estas declaraciones crean una alarma social y “una pérdida de confianza de los ciudadanos con respecto a las personas que gestionan el sistema público sanitario, lo que perjudica igualmente la imagen de todos los profesionales que trabajan con total honestidad en el complejo y la de la propia Administración pública”

Este sindicato pedirá al delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, como presidente del Consejo de Salud de Área, que abra inmediatamente un expediente informativo en el que se investigue si se han estado manipulando la lista de espera.