La misiva, fechada el 29 de agosto y dirigida a los alcaldes de la zona, es la primera de estas características que reciben los regidores de un responsable de la Junta en Ávila, aunque su contenido es considerado por Blázquez como “una manera de echar balones fuera” y de “no asumir sus competencias”.

Desde su punto de vista, se trata de una carta “bastante desafortunada y atrevida”, ya que “obvia cualquier mención a la Junta”, cuando a su juicio “debería pedir disculpas y haber dado explicaciones”

Desde su punto de vista, cabía esperar de la misma "disculpas por la mala gestión realizada y explicaciones por no haber adelantado la puesta en marcha de la campaña de lucha contra incendios forestales", ya que cuando se produjo la ola de calor a finales de junio (el día 28 un incendio arrasó 1.500 hectáreas en Gavilanes y Pedro Bernardo), el operativo de la Administración autonómica no estaba en marcha plenamente.

Soraya Blázquez cree además que en la misiva, el delegado territorial debería haber garantizado de cara a próximas campañas un incremento de los medios humanos, materiales y presupuestarios en la provincia para ser más eficaces en la prevención y extinción de los incendios.

“Esperábamos otro tipo de carta entonando el mea culpa y dejando constancia que va a cambiar y que va a actuar”, ha lamentado la procuradora del PSOE.

Aprobar una ley

En este contexto, ha defendido la necesidad de aprobar una Ley de Prevención, Extinción y Reforestación adaptada a las necesidades de Castilla y León, a la vez que ha reclamado a la Junta más recursos para mejorar la eficacia en la lucha contra incendios.

Blázquez ha afirmado que "las políticas medioambientales no funcionan", al mismo tiempo que ha criticado el hecho de que la Administración autonómica no tuviera el dispositivo "preparado", pese a la anunciada ola de calor.

Una ola de calor durante la cual el sur de la provincia de Ávila vivió el incendio más grave de la Comunidad este verano, ya que los municipios de Gavilanes y Pedro Bernardo vieron cómo las llamas arrasaron cerca de 1.500 hectáreas.

Tras lamentar que el dispositivo de la Administración autonómica se encontrara en aquel momento (28 de junio) "al 30%" de su capacidad de actuación, la procuradora del PSOE ha reclamado la necesidad de aprobar una Ley de Prevención, Extinción y Reforestación adaptada a las necesidades de la Comunidad.