El sindicato entiende que deben ser los técnicos de la Administración autonómica quienes completen las labores relativas al censo del lobo para asegurar una gestión “más responsable y económica del medio ambiente”, utilizando para ello “los medios administrativos y humanos propios de los que disponen las administraciones”.

A su juicio resulta “incongruente” que la Consejería de Medio Ambiente “esté despidiendo personal técnico cualificado y con experiencia año tras año” mientras “entrega ese trabajo a una empresa con mayor coste y un aumento de la precariedad laboral”.

Además, desde su punto de vista, “se vulnera la privacidad” de las cifras que incluye el censo, al salir del ámbito público, ya que establece las camadas del lobo o lugares de avistamiento que “para sí quisieran muchos furtivos”.

A estas críticas sindicales se ha respondido desde la Delegación de la Junta insistiendo en que el Plan de Gestión y Conservación del lobo en Castilla y León, que establece la elaboración de un censo de lobos cada diez años, está a cargo de más de 650 técnicos, celadores y agentes medioambientales.

También que “prácticamente el 100 por cien de los compromisos se están llevando a cabo mediante los medios y personal propios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente”.