Los procuradores autonómicos, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, junto con la portavoz municipal, Yolanda Vázquez, y la concejala Eva Arias, han visitado las instalaciones de la nueva residencia juvenil y han coincidido en que, ante la incertidumbre suscitada, la Administración regional está obligada a clarificar la situación en la que quedan los trabajadores afectados antes de proceder al traslado.

Los cargos públicos socialistas han señalado al respecto que, inicialmente,  el inmueble estaba concebido para residencia y albergue juvenil y que la posterior decisión de integrar ahí el centro de menores ha obligado a una serie de reformas y modificaciones que han “originado inseguridad y que merecen una explicación de la Junta para disipar dudas”.

Desde su punto de vista, tras la elevada inversión realizada, la Junta tiene que ser determinante “a la hora de garantizar la convivencia entre los estudiantes y los alberguistas y los internos del centro de menores, tanto en el ámbito de la seguridad como en cuanto a las necesidades específicas que pueda tener cada uno de ellos”.