La propuesta propone pedir una reunión con el presidente de la Comunidad madrileña para solicitar “el pago de la deuda histórica por haber sustentado, en parte, el desarrollo madrileño con el agua detraído y derivado del Alberche, sin pagar contraprestación alguna para los municipios afectados de la cuenca cedente”, según ha explicado el portavoz socialista, Pedro Muñoz.

El ejemplo se encuentra este año, con un escaso volumen de agua embalsada, con poco más del 30% en los embalses de El Burguillo y San Juan, frente al de Valmayor, que supera el 60 %, lo que supone que “el 38,95% del agua que consume la Comunidad de Madrid proceda de las concesiones del Alberche”.

Por este motivo Muñoz cree que la Diputación debe mostrar su “rechazo al ejercicio abusivo y arbitrario por parte del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid, de las dos concesiones de la que es titular, del río Alberche”, y que se utilicen más los recursos de las cuencas madrileñas del Guadarrama y Jarama, dejando los embalses de El Burguillo y de San Juan para el final deñ año hidrológico.

La moción quiere que se celebre una reunión con al presidente de la Junta de Castilla y León para que conozca el malestar de los ayuntamientos de la zona y se reclame un informe en que oponiéndose a la forma de ejercer las concesiones de agua y proponga su revisión, ya que la Comunidad cuenta con una competencia en esta materia tras la última reforma del Estatuto de Autonomía.

Plan estratégico

Por otra parte, el PSOE llevará al pleno de julio, que se celebrará el lunes 29, plantea elaborar un plan estratégico para la provincia, que sea aprobado en el último trimestre del año para luego presentarlo al Gobierno, la Junta y la Unión Europea.

Según Muñoz, para elaborar el plan “es preciso buscar el consenso de las fuerzas políticas provinciales” y en el documento deben “identificarse las carencias de la provincia y fijarse los proyectos estructurales”.

La tercera propuesta solicita que la Diputación ponga en marcha un sistema que permita la implementación de la obligación del registro de jornada en los ayuntamientos de la provincia que voluntariamente quieran sumarse a él, “bien por la coordinación de la prestación unificada de ese servicio, o bien facilitando la contratación centralizada por los municipios”.

Esta labor permitirá ahorrar a los ayuntamientos puesto que el soporte técnico y el mantenimiento del sistema sería compartido. La idea se justifica en la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, que estable la obligatoriedad de que las empresas garanticen el registro diario de jornada, incluyendo el horario concreto de inicio y final de la jornada de trabajo de cada empleado.