Tras rechazar las críticas de los parlamentarios del PP en las que responsabilizaban al Gobierno del PSOE, el senador ha recordado que “tanto el abastecimiento como el saneamiento de agua son una competencia municipal”, y que las obras se llevarán a cabo “desde el cumplimiento de la legalidad y respetando la tramitación administrativa a la que obliga la actual normativa vigente”.

El secretario del PSOE ha recordado que el PP ha gobernado en el Ayuntamiento de Ávila durante los últimos 28 años, en la Junta de Castilla y León desde 1987 y en el Gobierno de España estuvo desde 2012 a 2018, demostrando en las tres administraciones su “desinterés y falta de voluntad por acometer este proyecto, hasta tal punto de que ni siquiera lo consignó en los Presupuestos Generales del Estado”.

Necesario y urgente

“El PSOE no va a admitir lecciones del PP ni de cómo gobernar ni de cómo resolver este asunto, del que los populares son los máximos responsables”, ha dicho, a la vez que señala que el Partido Socialista “continuará trabajando para tratar de acelerar la materialización de un proyecto necesario y urgente”, pero “dentro de lo que establece la ley”.

Caro ha indicado que “el planteamiento diseñado en su día por el Ayuntamiento de Ávila no era el más idóneo, toda vez que, en caso de producirse una avería, la reparación de ésta obligaba a vaciar el embalse, comprometiendo el suministro a la capital y el riego a los agricultores que utilizan Las Cogotas para sus explotaciones”.

Estas afirmaciones del senador socialista han sido contestadas por el PP, que argumenta que en el propio convenio -firmado entre la Sociedad Mercantil Estatal Acuaes, Junta y  Ayuntamiento de Ávila en marzo- le “contradice”, ya que el documento recoge literalmente el siguiente párrafo: “con fecha 16 de enero de 2019 se ha recibido de la Unidad de Coordinación Ambiental de la Subdelegación General de Infraestructuras y Tecnología del Ministerio para la Transición Ecológica certificado de no necesidad de sometimiento a trámite ambiental”.

Emergencia

El PP insta al Gobierno a que las obras sean declaradas de emergencia y que estén finalizadas en 2021 como el convenio estipula, y señalan que “no es necesario saltarse ningún trámite administrativo, sino simplemente cumplir con el convenio suscrito hace tan sólo cuatro meses y medio”.

Según el PP, Caro “no está por la labor de sumarse a esa declaración de emergencia, algo que afectará directamente a la calidad de vida de los abulenses”. También señalan que fue el PP en la anterior legislatura, a través del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el alcalde José Luis Rivas, quienes empezaron a trabajar en él

“El Gobierno del PSOE pareció asumir el proyecto y suscribió el convenio, pero en estos meses sólo ha generado incertidumbre y retrasos”, señalan desde el PP, acusando a los socialistas de no conocer el convenio ni querer sumarse a la petición de declarar de emergencia las obras, “algo que va frontalmente en contra de los intereses de los abulenses”, que se muestran “conformistas y complacientes con la decisión de alargar los plazos”.

Este cruce de acusaciones se produce después de que la comisión se seguimiento del convenio anunciase que el trasvase podría usarse en 2023 por la necesidades de efectuar un informe de impacto ambiental. Sobre la declaración de emergencia de las obras, el subdelegado del Gobierno, Arturo Barral, dijo que se no se podía plantear hasta que no estuviera elaborado el proyecto.