Lo expresa así la Comisión Europea en respuesta al rechazo a la denuncia enviada hace un año por la entonces Plataforma Ávila Libre de Peajes, ahora convertida en partido, y cuyos miembros han destacado que sus gestiones aportar luz a asunto de los peajes.

El escrito de la Comisión Europea explica que la duración del peaje es de entre 25 y 30 años (respecto a los 22 y 37 años anteriores) desde la concesión en 1999, tras reducirse en siete años por ser declarada ilegal la adjudicación. De este modo, “el Gobierno debe decidir el 5 de noviembre si la adjudicación actual se termina en 2024 o se mantiene hasta 2029”, según ha explicado Ángel Zancajo, portavoz del partido.

En todo caso, después habrá un período de siete años en que “el Gobierno puede licitar la concesión de nuevo o se lo puede quedar para rebajar los precios o para anularlos” y dejarla libre de peaje, según ha señalado.

“Lo que tiene que determinar el Gobierno español en noviembre es la fecha final del peaje y la indemnización a pagar a Iberpistas por esos siete años” como “compensación” por la declaración de ilegalidad, según Zancajo.

El documento de la Comisión Europa destaca que la sentencia del Tribunal de Justicia Europea “declaró la ilegalidad de la adjudicación de las obras mencionadas, y su explotación a medida que se adjudicaron para su construcción y explotación, pero no la ilegalidad de toda la concesión”.

Por este motivo, dice que “las medidas adoptadas por las autoridades españolas constituyen, en opinión de los servicios de la Comisión, una ejecución satisfactoria de la sentencia”.

Reducción

Respecto al período de la concesión, se explica que la duración se redujo en siete años, un período fijado “en función de la diferencia entre la duración de la controvertida ofrecida por la oferta ganadora y la única propuesta que no incluía ninguna mejora”, que eran obras complementarias, y que “no se habían seleccionado”.

También se señala que “se estableció una nueva licitación para la explotación de la concesión actual tuviera lugar después de su vencimiento con una duración de la nueva concesión de siete años, a fin de contribuir a la apertura de la competencia en esta concesión”.

La Comisión Europea aclara que la ilegalidad es achacable al Gobierno cuando contrató las obras, por lo que “no es posible sancionar al operador económico por culpa manifiesta de la Administración y debe concederse una indemnización por el plazo de concesión reducido”.

Y señala la posibilidad de que el Gobierno se quede con la gestión de las autopistas: “si las autoridades españolas deciden prestar los servicios directamente al público y no externalizar su prestación mediante una conceción a un tercero, tendrían derecho a hacerlo”.

En el caso que el Gobierno quiere mantener la gestión mediante una concesión, “tendrían que recurrir a un procedimiento de contratación compatible con las normas establecidas en la directiva de concesiones”.

Exigencias
Tras conocer estos detalles, el partido Ávila Libre de Peajes va a “exigir” a diputados y senadores que “hagan fuerza” ante el Gobierno para que se quede con la gestuón de las autopistas, para las explote o las deje libres, ha señalado Julio Huerta, también portavoz de la formación.

En este sentido, ha recordado que el túnel se abrió en 1966 y el peaje en 1968, lo que supone “un gran castigo de 52 años”, y consideran que se encuentra “amortizada desde 2010”.

Además considera que hay “una discriminación” y “un agravio comparativo” de Ávila respecto a otras provincias que no tienen peajes.

Y ha recordado la política del Ministerio de Fomento que ha dejado libre un tramo de la AP-1 tras el fin de la concesión, y que también lo va a hacer próximamente con la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 entre Alicante y Tarragona desde 2020.