Según CSIF, la sentencia, que impone las costes procesales a la Diputación, sirve para “poner coto al desbarajuste existente en materia de personal de la institución provincial”, como “por ejemplo, creando jefaturas de sección en departamentos donde hay un jefe de servicio y ningún auxiliar”.

Desde el sindicato llaman a la Diputación para que “desarrolle una política de personal que racional y legal”, y lamentan que tengan que recurrir a la justicia para defender los derechos de los empleados en vez de contar con la vía de la negociación.

“Más allá del sobrecoste económico que supone a las arcas de la institución”, el sindicato considera que estas causas judiciales también “generan malestar entre los propios empleados, afectando de manera negativa a la prestación del servicio público, más mermado cada día”.

CSIF lamenta, por otra parte, que “la única negociación” que se lleva a cabo por parte del equipo de gobierno de la Diputación es “a la carta” en materia de personal. Y critican que está dirigida a “parchear” las “evidentes carencias de personal existentes”, como se pone de manifiesto en las últimas ofertas de empleo público realizadas, en la que “se evidencia el desconocimiento de las necesidades reales de la institución”.

El sindicato lamenta la respuesta recibida a las alegaciones presentadas en mato de 2018 al Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Según señalan, la respuesta fue “La corporación tiene potestad de crear plazas y puestos de trabajo a través de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo, habida cuenta de que es un acto propio que realiza en el ejercicio de su potestad de auto organización”.