Lo hará junto al presidente de Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà, pues se ha nombrado a dos representantes de los empresarios en cada Estado miembro para que informen sobre la implementación de la nueva normativa europea y aporten una visión no solo burocrática, sino de la economía real.

Su labor consistirá en informar y asesorar a la Comisión Europea sobre la implementación en España de la directiva europea contra la morosidad, que establece un periodo máximo de pago de 30 días para las administraciones públicas y de 60 para las empresas privadas.

La directiva europea sobre el retraso de pagos entrará en vigor el 16 de marzo.