"Las religiosas que gestionan dicho Centro no han inducido ni manipulado de forma alguna el voto de las internas, ejerciendo estas su derecho al voto de manera completamente libre, individual y personal”, han asegurado en un comunicado.

Las responsables de la residencia afirman que las internas "han podido en todo momento elegir su voto entre todas las opciones posibles" y señalan que las monjas "únicamente" las han "ayudado en aspectos secundarios, como acompañarlas desde el centro hasta el colegio electoral".

De este modo salen al paso de la noticia publicada por El País, en el que algunos testigos aseguraron que las monjas habían influido a favor de Vox. De hecho, el partido ganó las elecciones generales en Gotarrendura después de que las monjas explicasen a las residentes las propuestas de cada partido. El censo del pueblo ha aumentado en 15 personas en los últimos comicios, 14 de ellas mujeres con discapacidad, según lo publicado por este diario. Este hecho coincide con que las personas con discapacidad intelectual hayan logrado el derecho al voto.

Por su parte, la organización Plena Inclusión España, que representa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, solicitará al Ministerio Fiscal que inicie una investigación sobre las posibles irregularidades en el voto de personas con discapacidad intelectual de la residencia de Gotarrendura.

Una conquista

Para esta entidad, la conquista del derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo "no puede verse empañada" por casos como el de esta residencia gestionada por religiosas que supuestamente habrían coaccionado a las internas.

Al no poder investigar los hechos directamente, Plena Inclusión pide a la fiscalía que realice las pesquisas pertinentes para saber si pueden constituir delito.

Recuerdan que "debe garantizarse el libre ejercicio del derecho al voto, en igualdad de condiciones que el resto, mediante sistemas que ofrezcan a estas personas la oportunidad de acceder y comprender la información electoral".

Para Plena inclusión, estos hechos, así como la publicidad que se hace de ellos, son "especialmente graves" para un colectivo que ha tardado años en conseguir el reconocimiento del derecho al voto, y que consiguió a finales de 2018 para 100.000 personas que antes no lo tenían.

"Esta sustancial conquista no debe verse empañada ahora bajo ninguna sombra de sospecha", han expresado.
Plena Inclusión pide que este derecho se pueda ejercer en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos, para lo que hay que “garantizar el acceso a la información electoral a través de recursos que la hagan comprensible como, por ejemplo, los diferentes programas electorales en lectura fácil" que "servirían para evitar" que estas personas puedan ser coaccionadas.