Según el alcalde, el socialista Benito Zazo, el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP “tiene una gran importancia, tanto por su utilidad práctica real como por el valor simbólico y ejemplificador que supone”.

Así, entre las medidas adoptadas se encuentra la suspensión cautelar de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como plusvalía, para aquellos casos de dación en pago y/o ejecución hipotecaria de vivienda única y habitual que se pudieran producir en el municipio.

Y es que, según la Ley Reguladora de las Haciendas locales, las personas desahuciadas están obligadas al pago de este impuesto al Ayuntamiento, lo que constituye “un caso flagrante de injusticia tributaria del que no se puede ser cómplice en este Ayuntamiento”.

Otro de los acuerdos alcanzados posibilita iniciar el correspondiente expediente para llevar a cabo la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de este impuesto, “con el fin de evitar la injusticia de que el desahuciado tenga que hacer frente a este impuesto, en casos de ejecución hipotecaria o dación en pago de vivienda única y habitual”, ha explicado Zazo.

Junto a ello, el Ayuntamiento de Solosancho ha acordado solicitar la adhesión de este municipio al Convenio para el Fondo Social de Viviendas en Alquiler, firmado en enero por varios ministerios, entidades de crédito, Plataforma del Tercer Sector, Federación Española de Municipios y Provincias, el Banco de España y las Patronales Bancarias.

Este convenio comenzará a funcionar previsiblemente en marzo y supone la puesta a disposición por parte de las entidades bancarias de más de 6.000 viviendas que irán destinadas al alquiler social para familias sin recursos que hayan sido desalojadas por impago de un préstamo hipotecario.