Se trata de una de las iniciativas avanzadas por el procurador abulense del PP, José Manuel Fernández Santiago, al hacer balance de algunos de los aspectos en los que la Administración autonómica ha actuado durante los últimos cuatro años.

Acompañado por el también procurador y actual alcalde de Arévalo, Vidal Galicia, Fernández Santiago ha señalado que la próxima legislatura deberá ser la de “la conectividad, la movilidad y las infraestructuras”, con una inversión global de 100 millones de euros en el conjunto de la Comunidad.

En el ámbito de las infraestructuras, ha hecho especial hincapié en la creación de un bono de transporte rural con tarifa plana súper-reducida, que permita a los habitantes de los pueblos “la movilidad como derecho básico”.

En este contexto, se ha referido a la necesidad de que dicho bono pueda beneficiar especialmente a las personas mayores y a los jóvenes, de manera que “se garantice la movilidad plena en los núcleos rurales”.

Fernández Santiago ha señalado que en el nuevo mapa de ordenación del transporte, se contemplará que “todos tengan derecho a esta movilidad”.

Esta apuesta será complementaria a las actuales rutas del transporte a la demanda, que en la actualidad ascienden a 84 en 11 zonas de la provincia de Ávila. De ellas se han beneficiado en estos últimos cuatro años un total de 124.886 personas.

En el ámbito de las infraestructuras, el procurador del PP ha reiterado la “apuesta clara” de su partido por el “desarrollo” del Corredor Atlántico para que pase por la provincial, así como por el “fomento de la economía digital”. Al respecto, ha señalado que en los próximos cuatro años la administración deberá ser “100% digital”.

Alquiler de vivienda

Por otra parte, se ha referido al parque público de alquiler social que en Ávila se ha incrementado en esta legislatura un 70%, según los datos facilitados por Fernández Santiago, quien ha señalado que en Castilla y León se haya alcanzado la cifra de 1.494 viviendas de alquiler, de las cuales 200 se han incorporado al parque público de alquiler social.

A ello se suma el programa Rehabitare, de viviendas municipales en el medio rural para el alquiler social, que en Ávila ha supuesto la incorporación de 13 viviendas por un importe de 686.000 euros.

Por otra parte, las ayudas al alquiler en Castilla y León han sido 34.000, de las cuales en la provincia de Ávila se han concedido  2.858 por un valor total de 3,36 millones de euros.

Además, respecto al apoyo del Plan Estatal de Vivienda a través de las Áreas de Regeneración Urbana (ARU) y de las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI). De las primeras hay una en ejecución en La Cacharra que afecta a 154 viviendas con un desembolso de 4,4 millones de euros, mientras que de las segundas se han finalizado dos ARIs, afectando a 848 viviendas en Ávila por un improte de 11,9 millones de euros.

De esta manera, el ARU y los ARIS afectarán a un total de 1.002 viviendas, con una inversión de 16,3 millones de euros en Ávila.

Ley de Carrera Profesional

Por su parte, el procurador Vidal Galicia, se ha referido a la aprobación de la Ley de la Carrera Profesional de cuya entrada en vigor está previsto que se beneficien 95.000 trabajadores de la Junta, entre funcionarios interinos y laborales indefinidos, en el conjunto de la Comunidad. De todos ellos, 6.243 son abulenses.

Según Galicia, esta ley “beneficia el estatus” de estos trabajadores, dándoles “estabilidad y regularización”.