Es el caso de la Junta, donde Alicia García, cabeza de lista al Congreso del PP, que este viernes cesa como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades para presentarse a las elecciones, ha subrayado su labor durante la legislatura que termina.

“Para nosotros las personas con discapacidad son un referente a la hora de impulsa políticas e iniciativas desde la Junta en esta legislatura”, ha señalado, y ha apuntado el “nuevo modelo de atención a las personas con discapacidad a través de un plan estratégico”, la disposición “a tener muy en cuenta a las personas con enfermedad mental”, y el apoyo al empleo “para lograr una inclusión efectiva”.

Ha destacado que 6.500 personas han encontrado empleo gracias a los itinerarios de inserción laboral, a la vez que ha hecho referencia a que la discapacidad sea abordada de forma “transversal” porque “las mujeres sufren una doble o triple discriminación”.

Por otra parte, la candidata ha criticado la posibilidad anunciada por el Gobierno socialista de suprimir los colegios de educación especial, contra los que considera “ha lanzado un mísil en su línea de flotación”. García ha abogado porque haya “educación inclusiva y especial”, que ha dicho son “compatibles para que los padres decidan”.

El acto sectorial sobre discapacidad ha sido abierto por el presidente del PP, Carlos García; y clausurado por la candidata al Congreso. Ha consistido en una mesa redonda moderada por la candidata a la alcaldía, Sonsoles Sánchez-Reye. Han participado Ignacio Tremiño, diputado y portavoz de Políticas Integrales para la Discapacidad; Raquel Martín Pablo, concejala con discapacidad de El Hoyo de Pinares; Ángel de Propios, presidente de Aspaym Castilla y León; Inmaculada Pose, directora de Faema Salud Mental; y Jaime Rodríguez, gerente de Pronisa.

Entre ellos, Tremiño, que fue director general de políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad entre 2012 y 2016, quiso recordar que el PP “evitó en 2012 la desaparición del 50% de las entidades de la discapacidad del país gracias a la dotación de 3.000 millones de euros para afrontar los impagos del Gobierno anterior”.