Según UGT, ambas administraciones deben "aunar esfuerzos y colaborar en su ámbito competencial" de manera que "legislen y acuerden para posibilitar la materialización de las reivindicaciones del mundo rural, del que tanto se hace gala pero a la vez parece que se tiene olvidado".

Este sindicato ha hecho referencia a los "alarmantes datos de despoblación" y a la "falta de empleo en el  mundo rural" abulense, lo que hace "absolutamente necesario apostar por políticas que favorezcan la creación de pymes y autónomos" con el objetivo de "generar  empleo" y "poder ir fijándose población".

Para ello, UGT considera que es preciso "facilitar los servicios básicos a los núcleos rurales" así como "posibilitar las comunicaciones con los centros urbanos" para lo que "se hace absolutamente indispensable la mejora en el transporte".

A su juicio, esos objetivos "no se consiguen precisamente con la reciente modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León".

Una ley que esta organización sindical considera "especialmente perjudicial para la provincia", ya que a su juicio "va a facilitar la apertura incontrolada de explotaciones de minería no energéticas", a las que se opone por "no ser fuente de riqueza y por amenazar al medio ambiente".