El consejo directivo de la Fundación Cultural Santa Teresa, dependiente de la Diputación, ha dado el visto bueno -sin unanimidad- a esa obra, según ha explicado el presidente, Agustín González, quien ha reconocido que la Universidad Católica debería de haber solicitado autorización y ha dicho que obra cuenta con licencia municipal.

Ha explicado que el convenio de cesión implica que la universidad cuenta con “toda la finca con los inmuebles” cedidos, pero que debe solicitar y “ir definiendo puntualmente” en la comisión de seguimiento, que debe autorizarlo, “a medida que lo necesite”, como así hizo en la reunión celebrada el viernes 15.

En este caso, la universidad ha solicitado el espacio de la antigua casa del guarda, utilizada después por la Diputación como taller de fontanería, ya que “entiende que por su ideología católica puede reforzar su formación”.

El presidente de la Diputación, que da este episodio como cerrado, ha resumido la situación en que en la Universidad Católica “lavó la cara” al inmueble pero “no se detuvo a leer el punto cinco” del convenio rubricado en 1997, en el que se refiere a “autorizar cada paso”.

Otras obras que se han autorizado son las de levantar una acera a la derecha -según se llega- del paseo de entrada como “vía de garantía de los viandantes”, y crear un laboratorio “necesario para la universidad” en lo que fue la antigua galería de tiro cuando el edificio acogió la Escuela de Policía.

Según González, las autorizaciones se aprueban “un poco condicionado” a que “se reestudien los espacios cedidos de cara a definirlos expresamente de cara a sacarlos el máximo provecho, tanto de la universidad como de la disponibilidad por parte de la Diputación”.

Las autorizaciones quedan “un poco condicionadas” a que la Diputación pudiera querer  los espacios para otros usos, pero eso “irá para largo que pueda necesitarlos en estos tiempos”.

En ningún caso se prevé, como propuso el PSOE, cobrar un alquiler a la UCAV: “hay un convenio, yo no me puedo saltar un convenio y que me pidan responsabilidades porque no cumplo lo firmado” en 1997.

Izquierda Unida denunció hace varios meses que las obras vulneraban el convenio con la Diputación.