CSIF reclama las 35 horas a la Junta y pide a los partidos que se retraten

También ha pedido a los partidos que concreten los compromisos que van a incluir en sus programas electorales y sobre la recuperación de los derechos laborales de los empleados públicos ante las próximas elecciones autonómicas, según ha dicho Alfonso Martín Galán, presidente provincial de CSIF.

Ha recordado al Gobierno regional que esta reclamación es “una parte fundamental del acuerdo para la recuperación de las condiciones laborales de los empleados públicos alcanzado con la Junta en 2015, que sigue pendiente de cumplirse y que su implantación no se puede retrasar más”.

Durante 2018 pidieron que la Junta afrontará “una negociación comprometida, rigurosa y con voluntad real para aplicar la jornada de 35 horas”, ya que se trata de “un derecho arrebatado, al igual que otras condiciones laborales suprimidas durante la pasada crisis, que ahora los responsables políticos y las administraciones deben devolver, tras el sacrificio realizado por los empleados públicos”.

Negativa flexibilización

“A pesar de las buenas palabras y promesas del Gobierno regional, se ha evitado una negociación, colando una propuesta de flexibilización horaria para el pasado verano, que ya advertimos que era una trampa, para evitar comprometerse con la aplicación de la jornada de 35 horas para todos los trabajadores de la Junta”, ha explicado el presidente provincial.

“El tiempo nos ha dado la razón, y esa flexibilización se ha evidenciado un caos, confusa, injusta y discriminatoria, ya que no ha llegado a numerosos colectivos y a una parte significativa de los empleados”, ha indicado.

El presidente insiste en que se “le acaba el tiempo” a la Junta, para que “implante las 35 horas y la carrera profesional para todos los empleados públicos de la Junta, que continúa en el debate político de grupos en las Cortes, a la espera de que una ley ofrezca, al menos, una convocatoria anual para los trabajadores públicos que cumplan con los requisitos establecidos”.

CSIF pide que la Junta negocie previamente la carrera profesional con las organizaciones sindicales, antes de presentarla a las Cortes.