Durante esta operación que ha supuesto numerosas inspecciones en las provincias de Madrid y Toledo, han sido recuperados dos galgos que han sido entregados a sus legítimos propietarios.

Todo comenzó a principios de enero con la detención de cuatro individuos por cazar ilegalmente con cinco galgos en una localidad abulense. En aquel momento se descubrieron irregularidades derivadas de la lectura de los microchip para identificar los galgos aprehendidos en aquella actuación.

Uno de esos canes era hembra, una circunstancia que no coincidía con la base de datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (RIAC), donde figuraba como galgo macho.

Por ello, se solicitó al Colegio de Veterinarios de Madrid los datos del veterinario que implantó el microchip, resultando ser una mujer de Madrid que habría identificado de forma ilegal a 43 perros y un hurón durante los últimos cuatro años.

Ante estos hechos, durante los meses de enero y febrero se realizaron inspecciones en Madrid y Toledo para comprobar las cartillas sanitarias y el estado higiénico sanitario de unos 180 perros de distintas razas, propiedad de 38 personas diferentes y con domicilios en 11 ciudades.

Ocho sancionados

Los resultados de esas inspecciones obligaron a sancionar administrativamente a ocho personas por cometer 43 infracciones relacionadas con los animales inspeccionados.

En una de ellas fueron supervisados 75 canes de diferentes razas, viendo que cinco galgos presentaban un estado "caquéctico", lo que obligó a su traslado a una protectora de animales madrileña ante su "mal estado higiénico sanitario".

Once de esos canes fueron puestos a disposición judicial hasta descubrir su propiedad, siendo halladas, además, un centenar de palomas de colombicultura, cuyo centro de cría no se encontraba registrado en la Federación Madrileña de Colombicultura (FMC).

Asimismo, el propietario de la parcela donde se llevó a cabo la inspección habría estado cometiendo un supuesto delito de defraudación del fluido eléctrico, al tener conectado de manera ilegal el suministro.

A raíz de estas inspecciones, se confirmó que la veterinaria madrileña "no cumplimentó fielmente" la cartilla sanitaria, ni la inscripción en la base de datos oficial, lo que imposibilitaba la correcta identificación de los animales, cometiendo un delito de falsedad documental, facilitando la posibilidad de legalizar galgos robados.

Por todo ello, el 1 de marzo concluyó la operación Galg@, investigando inicialmente a la veterinaria como supuesta responsable de un delito de falsedad documental, después al dueño de la parcela por delitos de maltrato animal y defraudación de fluido eléctrico y a otros 4 dueños por delitos de maltrato animal.

Durante la investigación se tomó manifestación a otra veterinaria de la Comunidad de Madrid que trabajó para la Federación Española de Galgos (FEG), al haberse encontrado "irregularidades en el tatuaje de dos galgos".