Los datos han sido facilitados por el nuevo Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, durante su visita de presentación a las instituciones abulenses, tras tomar posesión el pasado 24 de octubre.

Tras su encuentro en el Ayuntamiento con el alcalde de Ávila, José Luis Rivas, el Procurador del Común ha reconocido que en 2018 la institución “no recibió muchas quejas” de los abulenses.

Por ello, la cifra de 114 situó Ávila como la tercera provincia de Castilla y León desde la que menos quejas le llegaron a esta institución que recibe las preocupaciones de los ciudadanos y hace de mediadora con otras instituciones de la Comunidad.

Tras señalar que quizá la “distancia” de Ávila respecto a León, lugar en el que se encuentra su sede, quizá pueda explicar estas cifras, Quintana ha señalado que las materias sobre las que más se quejan los abulenses se centran en la función pública, a través de los procesos de selección, pero también de la prestación de los servicios por parte de las entidades locales.

Queja particular

Sin embargo, hay una queja “particular” de los abulenses que, según ha afirmado el procurador del común, tiene relación con la Renta Garantizada de Ciudadanía, por el “retraso en las resoluciones”.

En este contexto, Tomás Quintana se ha marcado entre sus objetivos la necesidad de “desterrar” el retraso existente por parte de algunas administraciones a la hora de contestar a los requerimientos de información. El objetivo de esa medida consiste en “agilizar los procedimientos”.

Después de mostrar su deseo de que esta institución sea "conocida para se útil" a los castellanos y leoneses, ha relatado algunas de las “novedades” que ha tratado de introducir desde su llegada. Entre ellas, la implantación de la sede electrónica, para impulsar las relaciones con las administraciones públicas y los ciudadanos. Eso sí, siempre manteniendo los cauces de comunicación habituales.

Además, se ha referido a la necesidad de "agilizar los procedimientos" a través de los que se tramitan las quejas que plantean los ciudadanos, para responder lo antes posible en forma de "recomendación o sugerencia".

"Para eso necesitamos la colaboración de las administraciones públicas", ha apuntado Tomás Quintana, quien ha insistido en la necesidad de que éstas emitan "en un tiempo prudencial" los informes que precisa el Procurador del Común.

De esta manera se pretende no alargar "indefinidamente en el tiempo" esa respuesta, ya que esa forma de actuar va "en perjuicio de los ciudadanos", de ahí la necesidad de “apremiar” a las administraciones de manera que “cumplan con su obligación de colaborar” con esta institución. De lo contrario, ha advertido, su actitud podría tener "consecuencias penales", ya que tienen la "obligación de colaborar".

Retrasos

En este sentido, Quintana se ha referido a la necesidad de "desterrar" esos retrasos en los plazos de contestación que suponen una "práctica en algunas administraciones", a las que no ha querido citar ya que las hay "más y menos diligentes".

Otra de las "novedades" incluidas desde su llegada es el reparto de información a los 2.248 municipios de Castilla y León para que los ciudadanos, especialmente los del medio rural, que suelen tener menos contacto con las nuevas tecnologías o las redes sociales, conozcan lo que es el Procurador del Común.

Además de la visita al Ayuntamiento de la capital, ha visitado la Diputación provincial y a la Delegación Territorial de la Junta en Ávila.