La organización agraria exige a la Administración autonómica la regularización de los plazos y cuantías de pago y la trazabilidad completa de los animales a sacrificar, para defender el interés de los productores de las prácticas fraudulentas.

En esta demanda sobresale la necesidad de crear una normativa en los mataderos que exija a los empresarios la presentación del contrato firmado en su origen entre comprador y vendedor.

UPA recuerda que aunque ya se ha constituido una Junta de Arbitraje para la regulación de los mismos contratos en Agricultura, necesita un organismo similar para evitar prácticas fraudulentas y agilizar el proceso de tratamiento de los mataderos.

Además, considera que no solo agilizaría el funcionamiento de la cadena alimentaria, sino que también evitaría que ganaderos, autónomos y pequeñas empresas tengan la necesidad de demostrar, vía judicial, la existencia de un contrato verbal sobre el precio de contrato así como del plazo de pago.

También ha recordado que este, es un paso fundamental para crear un escenario más estable en el sector ganadero y defender los derechos de los productores en una de las actividades económicas claves en la economía de Castilla y León.