Ana Rosa Pedriza, secretaria local de organización de UPyD y concejala en el consistorio abulense, entiende que “cambiar ahora de intérprete, supone un esfuerzo innecesario de readaptación entre el profesional y el alumno, que sin duda repercutirá negativamente en el aprendizaje”.

Desde su punto de vista, “con el cambio de intérprete, se desperdician años de experiencia y continuidad que traían consigo la mejora de la calidad educativa y la integración del alumno sordo en el aula”.

Por otra parte, añade Pedriza, “lo más indignante es el poco tacto demostrado por la Junta de Castilla y León al guiarse exclusivamente por criterios económicos, y no de calidad, en la contratación de un servicio tan importante para la integración de las personas sordas”.

En su opinión, “no es admisible que, sólo por ahorrar, se cambie a los intérpretes con el curso ya avanzado y que la Consejería de Educación ni siquiera haya informado a los padres con antelación”.

Tampoco es de recibo, apunta, que la administración adjudique a una nueva entidad la prestación de un servicio tan sensible “sin, al menos, negociar la subrogación de contratos de los profesionales que venían prestándolo, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades especiales de estos alumnos”.

UPyD expresa su apoyo a las reivindicaciones de profesionales, padres y alumnos afectados “porque la responsabilidad de la Junta de Castilla y León no se limita a cubrir los servicios sino a hacerlo de la mejor manera posible teniendo en cuenta más criterios que los puramente económicos”.

En el caso de Ávila, la situación afecta a tres centros públicos de la capital (el Instituto de Educación Secundaria Alonso de Madrigal, el Centro de Educación de Adultos y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa) y a uno de la provincia (el Colegio de Educación Infantil y Primaria Villa de la Adrada). Las críticas se suman a las del PSOE.