Tras las acusaciones de la Federación de Servicios Públicos (FSP) ugetista, José Francisco Hernández, ha manifestado que la responsable del centro ha actuado “con eficacia y buena fe”, y ha transmitido información a los sindicatos “con transparencia” y con “documentos y argumentos”.

También ha manifestado la disposición de la directora a “escuchar” a los trabajadores y a los residentes “para mejorar la calidad asistencial”.

El delegado ha querido aclarar que los 50.000 euros gastados “no corresponden” a la adquisición de dos cocinas sino a la “adaptación de mejora de espacios para los residentes y para los propios trabajadores”, como contar con “más capacidad en zonas comunes, comedores y zonas de descanso”.

No ha habido instalación de sillones de segunda mano, como afirmó el sindicato, sino “la reutilización de muebles que se encontraban en otro sitio”, según ha afirmado.

En el caso de la jubilación autorizada a un ordenanza frente a lo ocurrido en el caso de una médico, el delegado ha explicado que se trata de una decisiones “perfectamente reguladas” y “motivadas” en informes no vinculantes pero adoptadas “por el buen funcionamiento” de la residencia.