Alfonso López Díaz/Fernando Blanco Silva

El Real Decreto-Ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución en las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, detiene de facto el desarrollo de un sector que ha sido puntero a lo largo de los últimos años, la producción eléctrica utilizando las fuentes renovables (eólica, minihidráulica, solar fotovoltaica…) y otras de alta intensidad energética (cogeneración, aprovechamiento de residuos de depuradoras…).

El Régimen Especial incluye a las tecnologías usadas para producir electricidad con menor impacto ambiental que mediante el uso de las tecnologías del Régimen Ordinario (nuclear, gas natural, carbón…) y se caracterizan por tener unos costes de producción por cada kilowatio/hora superiores; con el fin de hacer interesante la inversión en este tipo de centrales, el Ministerio de Industria ha implantado un sistema de ayudas denominado primas, por el que las centrales eléctricas del Régimen Especial cobran por la producción de cada kilowatio/hora un precio mayor que las centrales del Régimen Ordinario, llamado prima.

Según el Ministerio de Industria las primas han sido el principal motivo del Déficit Tarifario, que consiste en una deuda multimillonaria de los consumidores por teóricamente pagar la electricidad por debajo de su precio real, aunque esta visión es muy discutible. Básicamente el Déficit Tarifario se debe a que durante los últimos años, el incremento del precio de la electricidad en el mercado de producción ha sido muy superior al que pagamos los consumidores y esto ha supuesto una deuda que se acerca a los 30.000 millones de euros pendientes de liquidar.

Los componentes del Déficit Tarifario son muchos y el Ministerio de Industria ha determinado que para frenarlo se debe limitar el número de nuevas instalaciones que tienen derecho a cobrar las primas a las renovables, para lo que aprobó el Real Decreto Ley 1/2012. Para que una instalación pueda aprovecharse de las ventajas de formar parte del Régimen Especial es necesario que figure en el Registro de Pre-asignación, y el Real Decreto Ley 1/2012 lo cierra provisionalmente a partir del 28 de enero de 2012; esto significa que las instalaciones que este día no habían sido legalizadas no tendrán derecho a inscribirse en el Régimen, y por lo tanto a cobrar las citadas primas.

La aprobación del Real Decreto Ley supone que las instalaciones del Régimen Especial deben competir en igualdad de condiciones con las tradicionales (gas natural, termonuclear, carbón…) y cobrando el mismo precio por cada kilowatio/hora; en la práctica supone que un inversor que se guíe por criterios estrictamente económicos nunca optará por inversiones de dudosísima rentabilidad, ya que sin las primas es muy difícil que una instalación del Régimen Especial sea rentable.

Es necesaria la derogación de este Real Decreto, y plantear un nuevo marco normativo para la producción de electricidad, que renueve las primas a la producción de esta electricidad ‘verde’. En este momento quizás no es posible volver a pagar las mismas cantidades que hasta 2012 y asumimos una reducción de las mismas, pero debemos plantearnos que si queremos que estas fuentes se sigan desarrollando son necesarias las ayudas en forma de prima; gracias a la existencia de las mismas se ha conseguido una reducción del precio de producción casi a la mitad a lo largo de la última década, y en caso de seguir potenciándose durante cinco o diez años podrían igualarse como norma general. Para que se siga invirtiendo en Investigación es necesario que estas fuentes sean rentables para el inversor, ya que los sensacionales avances científicos de los centros de investigación o universidades son insuficientes para equiparar los precios.

El precio de los combustibles convencionales (gasóleo, gas natural...) es cada vez más caro, de forma que si no conseguimos rebajar el precio de la producción de energía utilizando fuentes del Régimen Especial la situación de España será cada vez más delicada. Somos importadores de un 80 por ciento de la energía que consumimos, y si no apoyamos las fuentes renovables no recortaremos esta ratio tan desfavorable; en un plazo de 10 ó 20 años se puede volver a producir una nueva Crisis del Petróleo (ahora del Petróleo y Gas Natural), que hará que cualquier iniciativa empresarial que precise un importante componente energético sea inviable. Si ocurre esto, todo el Sector Secundario se verá abogado a desaparecer, y por lo tanto la Crisis Económica de la que no conseguimos salir durará todavía un poco más.

En el caso de Ávila, Castilla y León, y por extensión la mayoría de las provincias de España es un serio golpe para las economías locales. Las fuentes renovables son uno de los pocos sectores que a lo largo de los últimos años han sido capaces de vencer a la Crisis, su coste se debe a la mano de obra (y no al propio recurso como en las tradicionales) y se crean puestos de trabajo de alta cualificación; además, la implantación de centrales fotovoltaicas, parques eólicos o minihidráulicas fijan población en ámbitos rurales y pueden aprovecharse para el desarrollo de sectores sinérgicos como la caza, sector forestal o ganadería. Por este motivo es especialmente significativo resaltar que más que nunca el Ministerio de Industria debe aprobar un nuevo marco jurídico para este tipo de centrales.