Según la procuradora abulense Belén Rosado, el Alzheimer es una enfermedad "neurodegenerativa irreversible, que condiciona el comportamiento del individuo y supone discapacidad y dependencia", en referencia a la explicación del Procurador del Común en su resolución de 29 de noviembre de 2017.

Sin embargo, ha aclarado que "la falta de reconocimiento de esta realidad en Castilla y León, ha llevado a una discriminación hacia el colectivo de personas con Alzheimer, que se traduce en una barrera económica para su atención en centros especializados para este tipo de pacientes".

Todo ello porque "considerando que una persona con Alzheimer requiere cuidados específicos en función de su grado de enfermedad, resulta imposible ofrecer un servicio profesional y de excelencia con el precio que abona la Administración por las plazas para personas mayores que, por el contrario, se llega a doblar en el caso de las plazas con discapacidad".

Según Rosado, esta situación ha llevado a que exista "una clara insuficiencia de plazas públicas y concertadas", ya que las entidades privadas "no se acogen al régimen de concierto, puesto que el precio de dicha concertación no resulta suficiente para proporcionar una asistencia de calidad a los usuarios".

Este panorama ha provocado que en la actualidad "en ninguna de las capitales de provincia de la Comunidad existan plazas de Alzheimer concertadas", según la procuradora de Ciudadanos.

Por ello, Rosado ha instado a proceder al reconocimiento de las personas con Alzheimer como "personas con discapacidad", procediendo a la elaboración de "un Plan Autonómico para el abordaje de las demencias en Castilla y León y revisando el coste de las plazas concertadas para adecuarlas a los costes reales".